En un esfuerzo diplomático que se desarrolla con extrema discreción, el gobierno de Estados Unidos está en negociaciones con Venezuela para lograr la liberación de presos políticos encarcelados bajo el régimen del presidente Nicolás Maduro. El objetivo principal de estas conversaciones es la liberación de nueve ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. A cambio, se plantea la repatriación de un número similar de migrantes detenidos en El Salvador, considerados presuntos delincuentes.
El expresidente Donald Trump ha destacado la importancia de liberar a los ciudadanos estadounidenses detenidos, y ha designado a Mauricio Claver-Carone como su enviado especial para liderar las negociaciones con el gobierno venezolano. Según fuentes cercanas a las discusiones, el intercambio incluiría a individuos que se encuentran bajo custodia del gobierno salvadoreño, liderado por Nayib Bukele.
Desde Caracas, se percibe una disposición a alcanzar un acuerdo, aunque con ciertas condiciones que, hasta el momento, han sido rechazadas por la Casa Blanca. Entre las demandas de Maduro se encuentra el levantamiento de sanciones financieras por parte de Estados Unidos y la autorización para que empresas estadounidenses puedan extraer y exportar petróleo venezolano. Además, el presidente venezolano exige que el intercambio no sea simétrico, sino que se realice bajo términos más favorables para su gobierno.
El Foro Penal, una organización defensora de derechos humanos en Venezuela, ha publicado un informe titulado «Presos políticos con nacionalidad extranjera en Venezuela», donde denuncia un patrón sistemático de represión contra ciudadanos extranjeros. El documento detalla que estas detenciones son utilizadas por el gobierno venezolano para reforzar la narrativa de una supuesta agresión extranjera.
La situación de los presos políticos en Venezuela ha generado preocupación a nivel internacional. Según fuentes del Departamento de Estado y organizaciones de derechos humanos, hay entre 29 y 50 extranjeros detenidos en Venezuela. Estos incluyen ciudadanos de países como Argentina, Colombia, México, Alemania y España, entre otros.
Las conversaciones entre Claver-Carone y los representantes de Maduro son descritas como cuidadosas y constantes. Claver-Carone, con un profundo conocimiento de la región y de los regímenes caribeños, lidera este delicado proceso, consciente de los desafíos que implica.
La decisión final sobre cómo proceder estará en manos de Trump, quien evalúa el impacto económico y político de las sanciones y el papel de Bukele en este entramado diplomático. Mientras tanto, Maduro se enfrenta a la presión de equilibrar sus demandas con las exigencias de Estados Unidos y sus aliados.
Este complejo escenario diplomático continúa evolucionando, con múltiples factores en juego que podrían influir significativamente en las relaciones bilaterales y en la liberación de los presos políticos.
Infobae
