El exministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, ha expresado que, si se confirma la implicación de Diosdado Cabello en el secuestro y asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en Chile, el país deberá demandar su extradición. Esta declaración, realizada por el exministro del segundo gobierno de Michelle Bachelet, resalta la determinación de Chile en la búsqueda de justicia.
Muñoz subrayó que, aunque la solicitud de extradición podría parecer «inútil, pero necesaria», es crucial para denunciar a Cabello ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad. Estas acusaciones se agravan por los comentarios del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien describió el crimen de Ojeda como una operación de «falsa bandera», descalificando a la fiscalía chilena.
El caso ha sacudido la opinión pública en Chile, motivando a varios parlamentarios a presionar para que la investigación sea llevada ante instancias internacionales. La investigación del Gobierno chileno, que sostiene que el asesinato fue orquestado desde Venezuela con la participación del Tren de Aragua y órdenes de Cabello, continúa avanzando.
El diputado Félix González enfatizó la importancia de llevar el caso ante la CPI si se confirma la participación de personas del régimen venezolano, calificando el asesinato como un crimen de lesa humanidad. La investigación, encabezada por el fiscal Héctor Barros, ha resultado en la captura de varios miembros de la banda «Los Piratas de Aragua», y la extradición de alias «El Gocho» está en trámite en Colombia.
Un testigo protegido, identificado como el «testigo protegido N°7», corroboró la implicación de Cabello, afirmando que Rafael Gámez Salas, alias “El Turko”, recibió instrucciones de Carlos Gómez, alias «Carlos Bobby», quien fue contactado por Héctor “El Niño” Guerrero, líder del Tren de Aragua. Este último, actualmente prófugo, cerró el acuerdo con Cabello para llevar a cabo el asesinato.
Según el testigo, tras la ejecución del «trabajo», Cabello realizó el pago acordado a Guerrero en Perú, aunque algunos involucrados no recibieron su parte del dinero, ya que «quedó arriba». La investigación sigue su curso, mientras las autoridades chilenas consideran los pasos a seguir en este complejo caso internacional.
