Brayan Palencia Benavides, un joven venezolano de 25 años, se ha convertido en el centro de una búsqueda desesperada por parte de su familia colombo-venezolana, tras ser deportado por las autoridades estadounidenses a El Salvador bajo acusaciones infundadas. La familia insiste en su inocencia y clama por su retorno seguro a Colombia.
El pasado 13 de marzo, Brayan informó a su familia que esperaba un vuelo de deportación desde Estados Unidos a Venezuela. Sin embargo, el vuelo fue retrasado por condiciones climáticas y, posteriormente, se perdió todo contacto con él. La última comunicación de Brayan indicaba que aguardaban una nueva programación del vuelo.
La familia Palencia Benavides sospechó del destino inesperado de Brayan cuando imágenes de deportaciones masivas de venezolanos a El Salvador comenzaron a circular en redes sociales. Las sospechas se confirmaron cuando CBS News publicó una lista de los 238 venezolanos deportados, entre los que se encontraba Brayan, trasladados al Centro para el Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador.
La deportación de este grupo de venezolanos fue impulsada por la administración del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien invocó la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta ley, rara vez utilizada, permite la detención y deportación de extranjeros en tiempos de conflicto. El Tren de Aragua, una organización criminal surgida en Venezuela, fue señalado por Trump como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos.
La familia de Brayan niega categóricamente cualquier vínculo con el Tren de Aragua. Brayan, quien tiene una hija y esposa en Colombia, vivía en Estados Unidos trabajando en el sector de la construcción mientras resolvía su situación migratoria. La familia sostiene que los tatuajes de Brayan, entre los que figuran el nombre de su hija y símbolos personales, fueron utilizados erróneamente para incriminarlo.
Varios abogados han denunciado que los tatuajes de los detenidos fueron la única prueba presentada para vincularlos con el crimen organizado. La familia de Brayan y otras afectadas reclaman que no hubo derecho a una audiencia justa antes de las deportaciones.
Las autoridades estadounidenses, por su parte, defienden que hubo un proceso riguroso de verificación de lazos con la banda criminal. Sin embargo, las familias y abogados critican que no se respetaron mandatos judiciales que intentaban frenar las deportaciones y exigen una revisión minuciosa de cada caso.
El presidente de El Salvador ha declarado que los detenidos venezolanos permanecerán en prisión por al menos un año. No obstante, la Comisión de Derechos Humanos y Libertad de Expresión de El Salvador está disponible para revisar casos de supuestas detenciones injustas. Mientras tanto, los padres de Brayan buscan ayuda de la Cancillería y la Embajada de El Salvador en Colombia para obtener información y asegurar su liberación.
La familia Palencia Benavides insiste en que Brayan es inocente y ha solicitado su deportación a Colombia, donde podrían reunirse, argumentando que el joven no tiene vínculos con ninguna pandilla y exigen una investigación justa para liberar su nombre.

El Tiempo Colombia