Un grupo de organizaciones que representa a familiares de tres migrantes venezolanos trasladados a la base naval de Guantánamo, en Cuba, ha presentado una demanda contra la administración de Donald Trump. La acción legal solicita acceso a los detenidos, quienes, según los demandantes, se encuentran incomunicados y enfrentan condiciones de detención sin el debido proceso legal.
La demanda fue interpuesta por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y el Centro para los Derechos Constitucionales, con la participación de otros grupos de derechos civiles. Las organizaciones destacan la urgencia de garantizar acceso a información sobre las condiciones de detención para los afectados.
Las autoridades estadounidenses han señalado que algunos de los detenidos podrían estar asociados con el grupo delictivo conocido como el Tren de Aragua. Sin embargo, los familiares de los venezolanos han desmentido estas acusaciones. Eucaris Carolina Gómez Lugo, hermana de uno de los detenidos, supo de la detención de su hermano a través de una fotografía publicada por el gobierno estadounidense.
CBS News reporta que al menos un centenar de migrantes, todos venezolanos, han sido enviados a Guantánamo. Pese a esto, el gobierno no ha proporcionado detalles sobre la identidad de estas personas. Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, afirmó que son miembros del mencionado grupo delictivo, mientras que su portavoz, Tricia McLaughlin, criticó la demanda.
Familiares de tres migrantes enviados a Guantánamo aseguran que no han podido comunicarse con ellos desde hace días. Los detenidos, quienes ya estaban bajo custodia en un centro de detención en Texas por más de cinco meses, no fueron arrestados en las calles, contradiciendo la versión oficial.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) solo confirmó el envío de Luis Alberto Castillo a Guantánamo, sin comentar sobre los otros dos casos. La hermana de Castillo, Yajaira, califica la situación como injusta. Asimismo, abogados de derechos civiles critican la falta de transparencia sobre la detención de migrantes en Guantánamo, incluyendo la falta de información sobre la duración de su reclusión y las condiciones en que permanecen.
Los demandantes advierten sobre el peligro de establecer un precedente que permita al gobierno aislar a personas en instalaciones remotas sin garantías legales. Rebecca Lightsey, codirectora de American Gateways, denunció que la detención sin acceso a abogados es una grave violación de derechos. Lee Gelernt, del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, afirmó que esta práctica demuestra un desprecio por el Estado de derecho.
La demanda también destaca que Guantánamo ha sido utilizada para operar en secreto, sin rendición de cuentas. Además de la ACLU, participan en la demanda el Proyecto Internacional de Asistencia para Refugiados (IRAP) y la ACLU del Distrito de Columbia, junto con organizaciones de asistencia legal como Las Americas Immigrant Advocacy Center, RAICES, American Gateways y Americans for Immigrant Justice.
El Nacional
