La Fiscalía de Chile ha presentado ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago pruebas contundentes relacionadas con el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, exteniente venezolano y refugiado político en Chile, ocurrido el 21 de febrero de 2024. Los fiscales Héctor Barros y Álex Cortés lideraron las audiencias, revelando detalles cruciales de la investigación que vinculan a la pandilla Tren de Aragua y su conexión con altos funcionarios del gobierno venezolano.
De acuerdo con el medio La Tercera, la Fiscalía estableció un vínculo directo entre el Tren de Aragua y el homicidio de Ojeda, quien había desertado de las Fuerzas Armadas venezolanas. Entre los acusados principales figuran Carlos Francisco Gómez Moreno, alias Bobby, detenido en Colombia, y Rafael Gámez Salas, conocido como el Turko, arrestado en Estados Unidos. Ambos han sido identificados como líderes en la planificación y ejecución del secuestro. El tribunal chileno ha validado su participación y ha aprobado sus extradiciones.
Un momento clave en las audiencias fue el testimonio del testigo protegido número 7, quien afirmó que el secuestro fue ordenado por Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, y ejecutado por Héctor «el Niño» Guerrero, líder del Tren de Aragua. Este testimonio sugiere una operación con implicaciones internacionales, con instrucciones transmitidas por una cadena de mando que incluyó a Gómez Moreno y Gámez Salas. El testigo también declaró que el pago por la operación se llevó a cabo en Perú.
La Fiscalía presentó como evidencia mensajes de WhatsApp donde los miembros de la banda discutían detalles del crimen. En dichos mensajes, Gámez Salas mencionó que Bobby le había confiado un «trabajo complicado» en Chile, que debía realizarse disfrazados como miembros de la Policía de Investigaciones para simular un operativo oficial.
La ministra del Interior de Chile, Carolina Tohá, ha indicado que la información presentada podría ser llevada ante la Corte Penal Internacional, donde ya se sigue un proceso contra el régimen venezolano por presuntas violaciones a los derechos humanos. Esta posibilidad resalta el alcance y la gravedad del caso, reforzando la cooperación entre países en la lucha contra el crimen organizado y las violaciones de derechos humanos.
