La Fiscalía Metropolitana Sur de Chile ha lanzado serias acusaciones que involucran al gobierno de Nicolás Maduro en el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, un evento que el fiscal Héctor Barros calificó como un crimen de índole política.
En declaraciones a la emisora Radio ADN de Chile, el fiscal Barros, coordinador del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), subrayó: “Podemos sostener con base en la investigación que detrás del crimen de Ronald Ojeda está el gobierno venezolano”.** Ojeda, además de su carrera militar, era un activo opositor político que había participado en un intento de golpe de Estado, tras lo cual se trasladó a Chile para continuar su activismo contra el régimen de Venezuela.
El fiscal recordó que Ronald Ojeda había viajado a Venezuela en diciembre, poco antes de su asesinato, con el objetivo de organizar un nuevo golpe de Estado. “La rápida ejecución del crimen, entre 24 y 72 horas después de su secuestro, y su perfil político, nos llevan a la conclusión de que este asesinato tiene un trasfondo político relacionado con su oposición al gobierno de Venezuela”, afirmó Barros.
El secuestro del exteniente tuvo lugar el pasado 21 de febrero, cuando cinco individuos disfrazados de funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile ingresaron a su domicilio utilizando una orden de detención falsa. Su desaparición fue un misterio hasta que su cuerpo fue hallado el 1 de marzo en una maleta enterrada en Maipú.
De los cinco sospechosos, dos se encuentran en prisión preventiva: un menor de edad identificado con las iniciales A.D.C.R., y Maickel Villegas, un ciudadano venezolano extraditado desde Costa Rica. Ambos han sido formalizados por secuestro con homicidio.
El fiscal Barros enfatizó: “El gobierno no va a salir a reconocer públicamente, sería muy extraño. Cuando sostenemos esto, lo hacemos con antecedentes de la investigación. Hemos sido super responsables y hemos dicho que es un hecho político, no como los crímenes que comúnmente comete el Tren de Aragua”.
Enfatizando el carácter político del asesinato, Barros aclaró que no se trató de un secuestro típico de extorsión. “No hubo ninguna solicitud de rescate, lo que es común en los secuestros cometidos por grupos como el Tren de Aragua. En este caso, la motivación no fue económica, sino política, se trató de un sicariato contratado para secuestrarlo y asesinarlo”, concluyó.
Estas acusaciones han generado una gran controversia y plantean serias implicaciones políticas y judiciales, ya que no solo ponen en el punto de mira al fallido estado venezolano, sino que también destacan la peligrosidad de los lazos entre organizaciones criminales y motivaciones políticas.
El Nacional
