La Fiscalía de Colombia ha tomado medidas decisivas contra la red criminal conocida como Los Gallegos, embargando bienes utilizados por este grupo en sus actividades de tráfico de migrantes en el suroccidente del país. Esta organización se dedicaba principalmente al tráfico de ciudadanos venezolanos que ingresaban irregularmente desde el estado Táchira a través de Norte de Santander.
Las autoridades colombianas han impuesto medidas cautelares con fines de extinción de dominio a tres propiedades situadas en el municipio fronterizo de Ipiales, Nariño. Los bienes embargados incluyen un hotel, un estacionamiento y un restaurante. Estos inmuebles servían como infraestructura logística para la organización, y han sido embargados, secuestrados y puestos bajo toma de posesión, como parte de la estrategia para afectar el patrimonio de estructuras delincuenciales. Esta información fue destacada en una nota de prensa de la Fiscalía colombiana.
Investigaciones realizadas evidenciaron que el hotel era utilizado como punto de alojamiento para migrantes en condiciones irregulares que esperaban continuar su viaje hacia Ecuador, Perú o Chile. Según la Fiscalía, la propietaria del establecimiento está presuntamente vinculada con los cabecillas de la red criminal.
El parqueadero embargado funcionaba como punto de embarque clandestino. Desde allí partían autobuses cargados de personas sin documentación legal, rumbo al puente internacional de Rumichaca o por rutas alternas ilegales. En uno de los recientes operativos, las autoridades interceptaron un vehículo con 31 ciudadanos extranjeros sin papeles legales, en su mayoría venezolanos, que cruzaban el territorio colombiano hacia el sur del continente.
La Fiscalía de Colombia ha documentado al menos 30 casos en los que los propietarios de los bienes ahora embargados habrían recibido grandes sumas de dinero a cambio de permitir la salida de buses con migrantes irregulares. Esta acción fue ejecutada en coordinación entre la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio, en una operación que busca frenar el uso de propiedades privadas para fines delictivos.
Espiga Noticias