La fiscalía de Perú ha solicitado a la justicia que se impida a la expresidenta Dina Boluarte salir del país mientras se encuentre bajo investigación por los delitos de negociación incompatible y lavado de activos. Esta petición se produce tras su destitución por parte del Congreso peruano en un juicio político rápido, motivado por la crisis de inseguridad.
El Congreso destituyó a Boluarte en la madrugada, nombrando en su lugar al hasta ahora jefe del legislativo, José Jerí. En un comunicado, el Ministerio Público explicó que la solicitud busca «asegurar la presencia de Boluarte durante el desarrollo del proceso penal y prevenir una eventual fuga del territorio nacional».
La fiscalía ha solicitado periodos de 36 meses y 18 meses de prohibición de salida del país debido a dos casos en los que se investiga a Boluarte. El primero se centra en un posible caso de lavado de activos durante la campaña electoral de 2021, cuando Boluarte fue candidata a la vicepresidencia junto a Pedro Castillo, electo por el partido Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón. Según la fiscalía, Cerrón habría recibido «activos provenientes de la organización criminal Los Dinámicos del Centro«.
En el segundo caso, se investiga a Boluarte por supuestamente haber mostrado interés en la designación de funcionarios en el Seguro Social de Salud peruano y en el pago de beneficios sociales para un amigo del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.
Las solicitudes deben ser evaluadas por un juez, quien programará una audiencia para que el fiscal fundamente la medida y la defensa de la exmandataria pueda responder, según la fiscalía. Según reportes de la prensa, Boluarte salió de Palacio de Gobierno en la madrugada y permanece en su residencia en Lima.
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