Documentos en poder de la Fiscalía y de organismos de inteligencia de Estados Unidos señalan que el gobierno chavista en Venezuela habría puesto en marcha una estructura financiera para desviar recursos públicos venezolanos hacia Irán, en un esquema que, según esos archivos, benefició principalmente al régimen iraní y debilitó la transparencia fiscal venezolana. La documentación, a la que tuvo acceso el diario español ABC, indica que Venezuela funcionó como una plataforma financiera y logística encubierta para Irán, facilitando la evasión de sanciones internacionales y el flujo de capitales hacia sectores estratégicos, incluidos energía, infraestructura y áreas de uso dual con posibles fines militares.
De acuerdo con los documentos, estos mecanismos también están siendo investigados por su posible utilización para canalizar pagos hacia terceros países, entre ellos España, a través de intermediarios empresariales, fondos binacionales y redes financieras en jurisdicciones opacas. Las investigaciones apuntan a que esta estructura habría permitido mover recursos fuera de los controles tradicionales, combinando instrumentos financieros estatales, bancos binacionales y rutas offshore.
Entre 2006 y 2009, Caracas y Teherán firmaron al menos 279 acuerdos de cooperación en áreas como petróleo, petroquímica, industria, banca y tecnología, lo que elevó el intercambio comercial bilateral por encima de los 6.000 millones de dólares. Según los archivos citados, esta relación no se limitó a proyectos productivos, sino que derivó en una arquitectura financiera compleja diseñada para sacar fondos del circuito fiscal ordinario.
Las pesquisas señalan que el chavismo recurrió a fondos especiales como el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), a empresas estatales venezolanas, a bancos “pantalla” y a proyectos industriales sin actividad real para ocultar el origen y el destino final de los recursos. Parte de estos fondos procedían de ingresos petroleros y de préstamos concedidos por China a Venezuela.
Un componente clave de este esquema habría sido el Fondo Conjunto China–Venezuela, que operó al margen del presupuesto oficial. Una vez canalizados a través de Fonden, los recursos perdían trazabilidad al mezclarse con otras partidas, lo que, según la documentación, permitió su posterior redirección hacia empresas iraníes bajo la apariencia de proyectos de desarrollo.
Entre 2007 y 2009 se crearon un fondo y un banco binacional Irán–Venezuela, con un capital anunciado de 2.000 millones de dólares, destinados formalmente a financiar iniciativas conjuntas. De manera paralela, Irán abrió en 2008 en Caracas el Banco Internacional de Desarrollo, filial de su banco estatal de exportaciones, y en 2009 se inauguró un banco conjunto en Teherán con un capital inicial de 200 millones de dólares. Estas entidades, de acuerdo con los investigadores, permitieron realizar transacciones directas fuera del sistema financiero estadounidense.
En 2008, Washington sancionó al banco de Caracas vinculado a esta red por sus conexiones con el aparato militar iraní y por facilitar la evasión de controles financieros. Los documentos refieren que, además de estas estructuras formales, se utilizaron bancos y filiales en países como Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong para mover dinero sin dejar rastro.
En 2019 se intentó transferir más de 1.000 millones de dólares desde el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes) hacia su filial en Uruguay, en una operación que, según la documentación, evidenció cómo se extraían divisas del país mediante rutas financieras alternativas. Este tipo de maniobras se inscribe en un patrón más amplio de uso de entidades financieras en el exterior para canalizar capitales fuera de Venezuela.
Los investigadores estiman que Venezuela habría canalizado cerca de 7.800 millones de dólares hacia el ecosistema económico y financiero de Irán mediante estas operaciones. De ese monto, unos 4.689 millones estarían vinculados directamente a proyectos conjuntos en sectores como energía y petroquímica, mientras que otros 3.132 millones corresponderían a desvíos indirectos.
De acuerdo con los documentos en manos de la Fiscalía y de los servicios de inteligencia estadounidenses, buena parte de esos fondos terminó beneficiando a empresas estatales iraníes y a la Guardia Revolucionaria de Irán, mediante pagos en petróleo, oro y contratos ficticios utilizados para encubrir las operaciones. Estas prácticas habrían contribuido a sortear las restricciones impuestas por las sanciones internacionales y a sostener flujos financieros hacia entidades iraníes.
Las revelaciones han derivado en una investigación de la Fiscalía de Estados Unidos sobre altos funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores más cercanos, ya sancionados por Washington y vinculados al denominado Cártel de los Soles. El objetivo de la investigación, según los documentos citados, es demostrar cómo la relación con Irán habría servido para mover dinero en secreto, violar sanciones internacionales y desviar recursos públicos venezolanos durante años.
El Nacional
