El Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) ha manifestado recientemente en Madrid su deseo de que Interpol emita una «notificación roja» para la búsqueda internacional del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Esta solicitud se produce a raíz de la orden de captura dictada en Argentina por la Cámara Federal de Buenos Aires en el mes de septiembre, en la que se imputa a Maduro, junto con varios de sus colaboradores, por crímenes de lesa humanidad.
La petición para la detención de Maduro se fundamenta en el principio de jurisdicción universal, lo que según la Constitución argentina, otorga potestad a cualquier país para investigar y juzgar crímenes de esas características. Tomás Farini Duggan, abogado del FADD, explicó que si bien Interpol tiene la autonomía para aceptar o rechazar la solicitud, lo primordial para ellos es que este tema sea debatido y sometido a votación dentro de la agencia internacional. Sin embargo, resalta Farini, el proceso traerá consigo complicaciones, ya que las inmunidades que acompañan a Maduro en su condición de jefe de Estado podrían obstaculizar su detención, la cual dependería finalmente de la disposición de las autoridades de cualquier nación que visite.
Otra instancia que el abogado invocó para ejercer presión sobre el mandatario venezolano es la Corte Penal Internacional. Farini recordó que dicha corte lleva cerca de nueve años indagando sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos bajo el régimen de Maduro. En este contexto, resaltó como un avance significativo el hecho de que uno de los acusados venezolanos, cuya identidad se mantiene reservada, haya decidido presentarse «voluntariamente» ante la justicia argentina a través de su representante legal. Sin embargo, su aceptación está condicionada a una comparecencia personal en el tribunal.
Adicionalmente, Farini informó que el FADD ha impulsado denuncias similares dirigidas a los líderes de Nicaragua y Cuba, aunque estos casos, por el momento, no han progresado en los tribunales. La demanda contra Maduro se considera un precedente crucial en la lucha internacional contra los crímenes de lesa humanidad, quesigue ganando terreno en América Latina. En un clima de creciente preocupación por los derechos humanos, el caso contra el mandatario venezolano representa una prueba fundamental para la efectividad del derecho internacional en la región.
