La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó en su lista de represores a dos fiscales y tres jueces vinculados al proceso judicial contra seis manifestantes de Encrucijada, entre ellos el periodista y escritor José Gabriel Barrenechea, sancionados por participar en una protesta relacionada con un apagón eléctrico.
Entre los funcionarios señalados se encuentran los fiscales Ayrebi Miranda Pérez y Yosmel Guevara Herrera, este último actuante en el juicio, así como los jueces Aimee Caraballé Corrales, en calidad de ponente, María Teresa Domínguez Rodríguez y Justo Gustavo Faife Hernández.
Según el Expediente de Fase Preparatoria 944 de 2024, redactado por el fiscal Miranda Pérez, los imputados llevaron y tocaron calderos y gritaron “queremos corriente” frente a la sede municipal de la Asamblea del Poder Popular y del Partido Comunista. Por estos hechos, descritos como una manifestación pacífica, Miranda Pérez los acusó de desórdenes públicos y solicitó penas de entre cuatro y nueve años de prisión, que fueron presentadas en el juicio por el fiscal Guevara Herrera.
Los jueces impusieron sanciones de entre cinco y ocho años, argumentando que los procesados “decidieron aglomerarse frente a las sedes del Gobierno y el Partido (Comunista), donde una vez allí incitaron a otras personas a que se sumaran a la protesta y obstaculizaban la vía pública”.
En videos difundidos en redes sociales se escucha y observa a manifestantes que reclamaban de manera pacífica sus derechos tocando cazuelas y exigiendo que restablecieran el servicio eléctrico.
El Tribunal Provincial de Villa Clara condenó a José Gabriel Barrenechea a seis años de prisión, tras varios meses de espera luego de que el juicio se celebrara en septiembre pasado.
El resto de los manifestantes recibieron diferentes sanciones: Yandri Torres Quintana fue condenado a ocho años de privación de libertad; Yuniesky Lorences Domínguez, a tres años de trabajo correccional sin internamiento; Rafael Javier Camacho Herrera, a siete años de privación de libertad; Rodel Bárbaro Rodríguez Espinosa, a cinco años de privación de libertad; y Marcos Daniel Díaz Rodríguez, a cinco años de limitación de libertad.
El grupo fue arrestado el 7 de noviembre de 2024 en Encrucijada, tras reclamar que se restableciera la corriente luego de un apagón prolongado.
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