En un nuevo desarrollo dentro de la política española, el gobierno de España y sus aliados acusan al Partido Popular (PP), principal partido de la oposición, de intentar influir en las decisiones de la Corte Penal Internacional (CPI). Según el gobierno, el PP busca que la corte emita una orden de arresto contra Nicolás Maduro, quien está bajo investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
La acusación se produce después de que el PP presentara formalmente ante el Congreso una propuesta de no ley, exigiendo que el presidente Pedro Sánchez solicite a la CPI una orden de arresto para Maduro. Esta resolución está programada para votarse el jueves.
Los socios y aliados del gobierno han subrayado que cualquier indicación en este sentido podría suponer una vulneración del Estatuto de Roma, el documento fundacional de la CPI, que garantiza la independencia del tribunal con sede en La Haya, Países Bajos.
La proposición fue presentada por la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, quien criticó los vínculos del gobierno socialista de Sánchez con Maduro. Acusó al gobierno de «indiferencia, equidistancia, cobardía y complicidad» frente al régimen venezolano. Álvarez de Toledo expresó: “El abandono que sufren los demócratas venezolanos es una vergüenza internacional. Yo acuso al gobierno de España”.
Adicionalmente, el PP ha instado al gobierno a adherirse a la demanda presentada en 2018 y dirigirse a la Fiscalía de la CPI requiriendo «avances» en la investigación en curso. El partido recordó que desde 2015, diversas ONG venezolanas e internacionales, así como grupos de víctimas, han presentado casos de crímenes de lesa humanidad ante la Fiscalía de la CPI, según informó Europa Press.
Por otro lado, la exministra y diputada del PSOE, Cristina Narbona, negó categóricamente que el gobierno español sea cómplice de Maduro. Destacó que España ha acogido a más de 150,000 exiliados venezolanos y ha liderado iniciativas internacionales para abordar la situación en Venezuela. Narbona aseguró que existen pruebas suficientes sobre los delitos en Venezuela para que la corte internacional actúe sin interferencias externas.
En caso de que la propuesta del PP prospere, también se solicitaría al gobierno español que emita un comunicado dirigido a Maduro, exigiendo el cese inmediato de la represión y la liberación de todos los presos políticos.
Este conflicto evidencia las tensiones políticas internas en España y resalta la compleja situación diplomática respecto a Venezuela y su liderazgo.
El Nacional
