El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) del gobierno de los Estados Unidos ha respondido a las acusaciones del régimen de Nicolás Maduro respecto al caso de una niña de dos años cuyos padres fueron deportados por presunta pertenencia al grupo delictivo Tren de Aragua.
El pronunciamiento del gobierno de Donald Trump se produjo después de que Maduro calificara como un «secuestro» la decisión de las autoridades estadounidenses de mantener a la menor en su país tras la deportación de sus padres. Según el DHS, las acciones se tomaron debido a que «sus dos padres son parte del Tren de Aragua».
El organismo estadounidense detalló que el padre de la menor, Maiker Espinoza-Escalona, es considerado un «teniente» de la organización delictiva, implicado en actividades como homicidios, venta de drogas, secuestros, extorsión, tráfico sexual y operaciones de una casa de tortura. Por su parte, Yorely Escarleth Bernal Inciarte, madre de la niña, estaría involucrada en el reclutamiento de mujeres jóvenes para actividades de contrabando de drogas y prostitución.
El DHS enfatizó que estos extranjeros ingresaron ilegalmente al país y poseían órdenes finales de deportación emitidas por un juez. Gracias a las políticas del presidente Trump y de la secretaria Noem, ambos individuos han sido retirados del territorio estadounidense.
Para garantizar la seguridad y bienestar de la menor, fue excluida del manifiesto de vuelo de deportación, según indicó el DHS. Actualmente, está bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados y se encuentra en proceso de ser colocada con una familia de acogida.
La administración anterior, según declaraciones del DHS, permitió que muchos niños cruzaran la frontera al cuidado de patrocinadores que eran contrabandistas y traficantes sexuales. En este contexto, señalaron que la secretaria Noem y la secretaria Kennedy han reunido a más de 5.000 niños no acompañados con un familiar o tutor seguro en menos de 100 días.
Por su parte, Maduro criticó la actuación de las autoridades estadounidenses, calificándola de un crimen que violenta las leyes internacionales, acusando a los Estados Unidos de quitarle la niña a una madre migrante sin pruebas. Según informes, Espinoza-Escalona fue deportado a El Salvador y Bernal Inciarte fue enviada de regreso a Venezuela.
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