El gobierno de Nicaragua ha intensificado sus críticas al Vaticano, calificándolo de «depravado» y «pedófilo». Estas declaraciones se producen tras los comentarios del obispo Rolando Álvarez, quien fue expulsado hacia Roma hace aproximadamente un año, después de haber pasado meses encarcelado.
En un comunicado emitido por la cancillería nicaragüense, se afirma que «desde los millones de voces y almas, acalladas brutalmente por la inquisición, se alzan todos los pueblos sacrificados y desangrados por ese Estado Vaticano depravado, pedófilo, denunciado así en todo el mundo». La respuesta surge tras una entrevista en la que Álvarez declaró que aún es «la cabeza visible» de las provincias de Matagalpa y Estelí, situadas al norte de la capital de Nicaragua.
El gobierno nicaragüense continúa su ataque al Vaticano asegurando que dicho Estado, «usurpando el nombre de Dios cortó cabezas, enterró espadas, y exterminó pueblos y culturas enteras (…) para dominar, conquistar y robar nuestros ricos patrimonios materiales y culturales». Según el comunicado oficial, el Vaticano es «culpable de crímenes de lesa humanidad».
Además, se asevera que «el Estado Vaticano pretende disponer sobre cargos y poderes que otorgan, en Nicaragua, a personas que dejaron de ser nicaragüenses, por conductas impropias e intolerables de promoción de crímenes, políticamente instigados».
En el último año, el gobierno del presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, han expulsado a cientos de sacerdotes católicos, incluyendo figuras destacadas como el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Herrera, y el obispo Isidoro Mora, de Siuna. A pesar de su exilio, Álvarez sigue siendo una figura relevante en las regiones del norte del país.
El comunicado oficial del gobierno nicaragüense insiste en que «las conductas ilícitas e inapropiadas de falsarios, fariseos y profetas del vacío» no son aceptables en Nicaragua, tachándolas de «ideologías fascistas, proimperialistas».
El trasfondo de estas tensiones se remonta a 2018, cuando Ortega y Murillo acusaron a la Iglesia Católica de respaldar protestas en su contra que resultaron en más de 300 muertos, según datos de la ONU. Estas manifestaciones fueron interpretadas por el gobierno como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos. Ortega, quien gobernó en la década de 1980 tras la revolución sandinista, ha mantenido el poder desde 2007 y enfrenta acusaciones de instaurar un régimen autoritario.
AFP
