Colombia continúa siendo el principal receptor de migrantes venezolanos, pero las recientes políticas adoptadas por el gobierno de Gustavo Petro han dejado a miles en un limbo jurídico, sin acceso a derechos básicos esenciales.
Un informe conjunto del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) revela que las decisiones gubernamentales, junto al endurecimiento de políticas migratorias en Estados Unidos y la disminución de cooperación internacional, han desmantelado herramientas clave de protección y regularización para los migrantes.
Entre las medidas más críticas se encuentra la eliminación de la Gerencia de Fronteras y del Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), fundamental para acceder al Permiso por Protección Temporal (PPT). Esto ha complicado la ruta administrativa para millones de desplazados.
Desde 2015, más de 2,8 millones de personas han cruzado la frontera hacia Colombia en busca de protección y condiciones de vida dignas. Sin embargo, según el documento, «los avances logrados en los primeros años en materia de regularización e integración han sido progresivamente desmantelados. Hoy, miles de personas permanecen en un limbo jurídico, sin opciones reales para regularizarse ni acceder a derechos básicos como salud, educación o trabajo».
El informe detalla que desde junio de 2023 no existen mecanismos generales de regularización para los migrantes. Las opciones vigentes, como el Permiso Especial de Permanencia (PEP Tutor) o la visa Visitante Especial, resultan de difícil acceso y carecen de campañas informativas, lo que genera confusión, retrasos y exclusión.
Adicionalmente, Colombia no ha implementado protocolos de protección diferenciada para venezolanos que huyen por motivos políticos, incluyendo a activistas, periodistas y defensores de derechos humanos perseguidos por el régimen de Nicolás Maduro.
Estas circunstancias colocan a la población migrante en una situación de vulnerabilidad creciente, en la que la falta de documentos regulares y la incertidumbre sobre su estatus legal complican su acceso a servicios básicos y su posibilidad de integrarse plenamente en la sociedad colombiana.
@ADNCuba
