Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador han sido acusados de someter a más de 200 venezolanos a desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, según informó Human Rights Watch. El 15 de marzo de 2025, el gobierno estadounidense trasladó a 238 venezolanos a El Salvador, quienes fueron inmediatamente enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), conocido por sus condiciones abusivas.
Desde entonces, los venezolanos han permanecido incomunicados. Las autoridades de ambos países no han publicado una lista de las personas trasladadas, aunque CBS News difundió una lista filtrada. Familiares de los trasladados informaron que las autoridades de Estados Unidos declararon no poder proporcionar información sobre el paradero de sus allegados, mientras que las autoridades salvadoreñas han sido completamente inasequibles.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, calificó estas acciones como una «grave violación del derecho internacional de los derechos humanos». Goebertus instó a las autoridades estadounidenses a identificar públicamente a los venezolanos trasladados a El Salvador y a las autoridades salvadoreñas a confirmar su paradero actual, así como a permitirles el contacto con el mundo exterior.
Human Rights Watch ha entrevistado a 40 familiares de los venezolanos trasladados, y ha solicitado información a las autoridades salvadoreñas sobre la identidad de los detenidos y las condiciones de su detención en CECOT. Hasta la fecha, no ha habido respuesta por parte del gobierno salvadoreño.
Los familiares aseguran que las autoridades estadounidenses inicialmente informaron a los detenidos que serían enviados de vuelta a Venezuela, sin mencionar El Salvador como destino. El 17 de marzo, las autoridades de Estados Unidos anunciaron que 238 venezolanos habían llegado a El Salvador. Aunque el gobierno salvadoreño publicó un video mostrando sus rostros, no se ha revelado una lista completa de los detenidos ni una base legal para su detención.
La administración Trump invocó la Alien Enemies Act de 1798 contra el grupo organizado venezolano “Tren de Aragua”. Sin embargo, no se ha presentado evidencia que vincule a los trasladados con este grupo. Un oficial de ICE admitió que muchos no tienen antecedentes penales en Estados Unidos. Documentos proporcionados por familiares indican que tampoco tienen antecedentes en Venezuela o en otros países latinoamericanos.
El Sistema Localizador de Detenidos en Línea (ODLS) de ICE, utilizado para localizar personas en procedimientos migratorios, eliminó los nombres de algunos deportados antes de lo habitual. Al contactar centros de detención y oficinas de ICE, los familiares recibieron respuestas vagas o sin información concreta.
El 20 de marzo, CBS News publicó una lista interna de nombres de personas enviadas a El Salvador. Ni las autoridades salvadoreñas ni estadounidenses han confirmado la autenticidad de esta lista, aunque Human Rights Watch verificó que coincide con los nombres documentados.
Los familiares, desconocedores del sistema legal salvadoreño, han intentado comunicarse con el comisionado presidencial para los derechos humanos y la libertad de expresión en El Salvador, Andrés Guzmán, recibiendo solo acuses automáticos o redireccionamientos a «instituciones pertinentes». Un abogado salvadoreño que representa a varios detenidos indicó que no ha podido comunicarse con sus clientes.
Los entrevistados creen que sus allegados están en El Salvador basándose en pruebas circunstanciales, como la identificación de rostros en videos o la eliminación de datos en el sistema de ICE coincidiendo con las fechas mencionadas.
La detención de los deportados venezolanos en El Salvador no cuenta con una base legal clara y su duración es incierta, constituyendo una violación grave de las obligaciones de derechos humanos de El Salvador, según Human Rights Watch.
Las desapariciones forzadas, definidas como la privación de libertad seguida de la negativa a revelar el destino o paradero del detenido, son especialmente graves, pues dejan a las personas fuera de la protección de la ley, facilitando otros abusos.
«Nadie debería depender de retazos informativos para saber dónde están sus familiares», declaró Goebertus. «Las autoridades salvadoreñas deben divulgar urgentemente los nombres y ubicaciones de todos los detenidos transferidos desde Estados Unidos y permitirles contactar a sus familias».
Espiga Noticias
