La historia de Zhang Junjie, un joven chino que protestó pacíficamente contra las normas gubernamentales, arroja luz sobre una preocupante práctica en China: el uso de hospitalizaciones psiquiátricas para silenciar a críticos del gobierno. Zhang, junto con otras personas, ha sido ingresado en instituciones psiquiátricas y sometido a tratamientos sin consentimiento, lo que plantea serios interrogantes sobre el respeto a los derechos humanos en el país.
En 2022, Zhang fue internado por primera vez tras participar en una manifestación contra las políticas de confinamiento. Según relata al Servicio Mundial de la BBC, los médicos lo diagnosticaron con una enfermedad mental grave y lo ataron a una cama, afirmando que sus opiniones políticas indicaban una inestabilidad mental. Este tratamiento incluyó la administración de fármacos antipsicóticos y terapias como la terapia electroconvulsiva (TEC), conocida por sus efectos adversos.
Reincidencia y Denuncia
Meses después de su liberación, Zhang fue arrestado de nuevo por desafiar la prohibición de fuegos artificiales, acción que fue interpretada como una afrenta al gobierno chino. Tras ser dado de alta, se le recetó aripiprazol, un medicamento utilizado para tratar afecciones como la esquizofrenia, lo que afectó su capacidad de pensamiento crítico. Ante el temor de una nueva detención, Zhang huyó a Nueva Zelanda.
Zhang no es un caso aislado. La BBC ha identificado a 59 personas que han sufrido hospitalizaciones psiquiátricas tras expresar críticas al gobierno. La Ley de Salud Mental de China, promulgada en 2013, establece que el ingreso debe ser voluntario, salvo que el paciente represente un peligro. No obstante, el testimonio de activistas y abogados sugiere que estas disposiciones son frecuentemente ignoradas. Huang Xuetao, abogado involucrado en la redacción de la ley, culpa al debilitamiento de la sociedad civil y a la falta de mecanismos de control.
A pesar de la legislación existente, la práctica de hospitalizar a disidentes sigue siendo una herramienta utilizada por las autoridades locales para evitar responsabilidades y silenciar críticas. En 2019, la Asociación de Médicos de China reiteró que la TEC debe administrarse solo con consentimiento. Sin embargo, casos como el de Jie Lijian, quien fue sometido a esta terapia sin su consentimiento, ilustran la persistencia de estos métodos.
El activismo de figuras como Zhang y Jie, apoyado por organizaciones de derechos humanos, ha puesto el foco sobre una cuestión que requiere atención internacional. Mientras tanto, denuncias de personas como Li Yixue, quien acusó a un agente de agresión sexual y fue hospitalizada, muestran la gravedad del problema.
La embajada china en el Reino Unido ha reiterado su compromiso de mejorar los mecanismos de aplicación de la ley, pero los informes y testimonios continúan revelando un sistema que, según expertos como Thomas G. Schulze, presidente electo de la Asociación Mundial de Psiquiatría, puede estar siendo utilizado con fines políticos.
El panorama actual subraya la necesidad de una revisión exhaustiva de las prácticas psiquiátricas en China y de garantías que aseguren la protección de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
BBC News
