Human Rights Watch (HRW) ha emitido una advertencia sobre el peligro que enfrentan los disidentes cubanos exiliados si son deportados a su país de origen. La organización no gubernamental ha subrayado que estos individuos no deberían ser enviados de regreso a Cuba si allí corren el riesgo de sufrir abusos.
Juanita Goebertus Estrada, directora de la División de las Américas de HRW, ha expresado que el gobierno estadounidense debería ofrecer una oportunidad justa de solicitar asilo a los cubanos que temen ser perseguidos en su país. Este llamado a la protección surge a raíz de una declaración conjunta de un grupo de activistas cubanos, quienes solicitaron a altos funcionarios de Estados Unidos, incluido el secretario de Estado Marco Rubio, buscar soluciones a su situación migratoria, afirmando que regresar a la isla no es una opción viable para ellos.
Entre los disidentes destacados se encuentra Eliexer Márquez Duany, conocido como El Funky, uno de los autores de la canción Patria y Vida, que se convirtió en un himno para los manifestantes en Cuba durante las protestas de julio de 2021. Estas manifestaciones fueron reprimidas duramente por el gobierno cubano.
Goebertus Estrada también mencionó a otros disidentes como el periodista Lázaro Yuri Valle Roca y la defensora de los derechos humanos Eralidis Frómeta, quienes enfrentan la posibilidad de deportación tras la cancelación de un programa de parole humanitario por parte de la administración Trump. A ellos se les concedió un plazo de 26 días para abandonar Estados Unidos.
Además, otros disidentes cubanos, incluidos periodistas, artistas y académicos, afirman que sus procesos migratorios están estancados y temen ser deportados o detenidos debido a su situación legal. La declaración conjunta también está firmada por varios otros activistas, como Daniela Patricia Ferrer Reyes, Oscar Antonio Casanella Saint-Blancard, y José Rolando Casares Soto, entre otros.
En una entrevista con ADN Cuba, el opositor y científico cubano Oscar Casanella Saint-Blancard destacó la importancia de diferenciar a los inmigrantes que son perseguidos políticos legítimos de criminales y miembros de cárteles. Instó a las instituciones estadounidenses a analizar caso por caso para evitar deportaciones injustas que puedan poner en peligro la vida y libertad de activistas y opositores a dictaduras como las de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
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