Este jueves, Juanita Goebertus, directora de Human Rights Watch para las Américas, se pronunció enérgicamente sobre la situación política en Venezuela, afirmando que la propuesta de nuevas elecciones es una «burla» a la democracia y a la voluntad del pueblo venezolano.
En un mensaje compartido en la plataforma X, Goebertus enfatizó la urgente necesidad de un acuerdo de transición que no se limite únicamente a la convocatoria de nuevas elecciones, sino que también exija medidas concretas para garantizar la transparencia y la integridad del proceso electoral. En particular, demandó la publicación de las actas de votación, la realización de una auditoría independiente y el respeto al resultado que se determine en tales elecciones.
Las elecciones cuestionadas, llevadas a cabo hace casi tres semanas, han desatado una ola de críticas y demandas de transparencia y rendición de cuentas. La oposición venezolana ha intensificado sus esfuerzos para exigir al gobierno que haga públicas las actas que respaldan la proclamación de Nicolás Maduro como ganador. No obstante, hasta la fecha, los documentos de votación no han sido compartidos, lo que ha alimentado un clima de desconfianza en el proceso electoral.
Además, en su declaración, Goebertus condenó lo que calificó de «fraude electoral y brutal represión de las protestas», y reiteró su preocupación por la reciente aprobación de una ley que regula a las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta legislación, aseguró, se convertirá en una herramienta de persecución que desmantelará lo que queda del espacio cívico en el país.
Entre los puntos críticos de esta nueva ley, se destaca que otorga al gobierno el control sobre la operación, financiamiento y existencia de las ONG, obligando a todas las organizaciones a registrarse y presentar una serie de documentos e información que podrían comprometer su seguridad y autonomía. El lenguaje amplio de las prohibiciones y causales de disolución permite abusos, lo que podría tener un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil.
Las sanciones estipuladas en la ley incluyen multas y la posibilidad de cancelación del registro de las organizaciones, así como la potencial responsabilidad civil y penal para sus miembros. Además, la disposición transitoria impone plazos sumamente cortos para que las organizaciones se adecuen a los nuevos requisitos, y no cumplir con ellos podría resultar en la disolución de organizaciones ya constituidas.
Juanita Goebertus concluyó su declaración reiterando la urgencia de que la comunidad internacional actúe para proteger los derechos humanos y el espacio cívico en Venezuela, enfatizando que solo a través de un proceso auténtico y transparente se podrá restaurar la confianza del pueblo en la democracia.