La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado una serie de violaciones de derechos humanos, incluyendo asesinatos, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, en Venezuela en los meses posteriores a las elecciones presidenciales de 2024. Las denuncias apuntan a manifestantes, transeúntes, líderes de la oposición y críticos del régimen como principales afectados por estas acciones represivas.
En su más reciente informe, HRW ha documentado estas violaciones a través de más de 100 entrevistas con víctimas, familiares, testigos y miembros de organizaciones de derechos humanos, así como mediante el análisis de más de 90 videos y fotografías. Los incidentes han sido atribuidos a las autoridades venezolanas y a los grupos armados progubernamentales, conocidos como «colectivos».
El informe revela que HRW recibió información verificada sobre 25 asesinatos ocurridos durante las protestas inmediatamente posteriores a las elecciones. La mayoría de las víctimas eran menores de 40 años y provenientes de barrios de bajos recursos. Las evidencias indican que, en algunos casos, las fuerzas de seguridad venezolanas estuvieron involucradas, mientras que en otros, se señala a los «colectivos» como responsables.
Desde las elecciones de julio, más de 2.000 personas vinculadas a las protestas o a actividades de oposición política y defensa de derechos humanos han sido detenidas. Aunque el Ministerio Público asegura que la mayoría ya ha sido liberada, HRW denuncia que muchas de ellas fueron obligadas a firmar documentos que les impiden divulgar detalles sobre su detención o los procesos judiciales.
Las autoridades venezolanas han negado reiteradamente estas detenciones o han omitido informar sobre el paradero de las personas detenidas, lo cual constituye desapariciones forzadas según el derecho internacional. La represión poselectoral ha forzado a funcionarios, defensores de derechos humanos y periodistas a abandonar el país, buscando protección en sistemas de asilo saturados en América Latina, mientras que los procesos de reasentamiento hacia Estados Unidos han sido suspendidos por el gobierno de Donald Trump.
HRW hace un llamado a los gobiernos de América Latina, Europa y Estados Unidos para que fortalezcan la defensa de los derechos humanos en Venezuela, construyendo sobre los avances limitados alcanzados hasta ahora. La organización destaca que las elecciones de julio de 2024 privaron al gobierno venezolano de cualquier legitimidad democrática y han provocado una condena global renovada hacia los abusos del régimen de Nicolás Maduro.
El informe concluye instando a la comunidad internacional a detener la asistencia de gobiernos extranjeros a la represión en Venezuela y a asegurarse de que cualquier diálogo con el gobierno de Maduro busque mejoras verificables en derechos humanos. Además, subraya la importancia de ampliar el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil venezolana y a los periodistas independientes, así como de ofrecer medidas de protección a quienes se ven forzados a abandonar el país debido a la persecución.
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