Human Rights Watch instó a las autoridades venezolanas a adoptar medidas rápidas para reformar instituciones judiciales y electorales clave y derogar leyes consideradas abusivas, tras la reciente liberación de cientos de presos políticos en el marco de lo que el gobierno describe como un proceso de “pacificación nacional”.
El llamado se produce después de los ataques militares de Estados Unidos en Venezuela y el arresto de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero de 2026. Posteriormente, las autoridades venezolanas liberaron a cientos de presos políticos y anunciaron que el país se encuentra en un proceso de “pacificación nacional”. La administración del entonces presidente estadounidense Donald Trump ha continuado trabajando con la ex vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, en lo que califica como un plan de tres fases de “estabilización, recuperación y transición”, con énfasis particular en cambios en el sector petrolero.
“La liberación de presos políticos supone un alivio importante, pero el aparato represivo que utilizó el gobierno para detenerlos sigue vigente”, afirmó Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Las autoridades venezolanas deberían realizar reformas reales en instituciones y leyes judiciales y electorales clave. Cualquier cosa menos equivaldría a una transición falsa que puede servir a los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano.”
Según grupos venezolanos de derechos humanos, las autoridades han liberado a más de 400 presos políticos, mientras que otras 600 personas permanecen detenidas, de acuerdo con la organización Foro Penal. Las personas excarceladas continúan bajo investigación penal y enfrentan restricciones a su libertad de expresión y a su participación en protestas, según organizaciones no gubernamentales y familiares de detenidos consultados por Human Rights Watch. Algunas figuras de la oposición han sido trasladadas a arresto domiciliario, entre ellas Juan Pablo Guanipa, líder opositor que fue liberado el 9 de febrero y detenido nuevamente horas después de llamar a la población a participar en protestas.
Desde 2014, las autoridades venezolanas, recurriendo con frecuencia a la Fiscalía General y al poder judicial, han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluidos procesos penales infundados y con motivaciones políticas contra opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. Casi 19.000 personas han sido detenidas por motivos políticos, según Foro Penal. Las autoridades han practicado detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas, han mantenido a personas incomunicadas, les han negado acceso a abogados, las han acusado de forma masiva en audiencias virtuales y las han sometido a malos tratos y torturas.
En la última década, las autoridades también han llevado a cabo elecciones consideradas injustas, marcadas por violaciones de derechos humanos e irregularidades que han mantenido un terreno desigual. Tras las elecciones presidenciales de 2024, el Consejo Nacional Electoral y la Corte Suprema declararon que Maduro había sido reelegido. La oposición recopiló actas que, según sus registros, mostraban que Edmundo González, respaldado por la líder opositora María Corina Machado, obtuvo más de dos tercios de los votos emitidos en el 81,7 por ciento de los centros de votación. Observadores independientes del Centro Carter revisaron esas actas de recuento y concluyeron que eran precisas y legítimas.
Human Rights Watch señaló que las autoridades venezolanas deben tomar medidas rápidas para crear condiciones para elecciones libres y justas, incluida la revisión de la composición del Consejo Nacional Electoral, cuyos actuales miembros han tomado medidas para impedir el registro de candidatos de la oposición en procesos previos.
La organización subrayó también la necesidad de restaurar la integridad y la independencia del poder judicial. Según el recuento presentado, el poder judicial dejó de funcionar como una rama independiente del gobierno en 2004, cuando el entonces presidente Hugo Chávez promovió cambios legislativos y amplió la Corte Suprema con sus partidarios. Desde entonces, el tribunal ha apoyado de manera constante al poder ejecutivo en la represión de críticos.
La Misión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre Venezuela (FFM) determinó que los tribunales de la jurisdicción especial para casos de terrorismo han cometido “violaciones sistémicas del debido proceso”. La FFM también indicó que el fiscal general Tarek William Saab “lideró la acción estatal que resultó en violaciones de derechos humanos” tras las elecciones de 2024 y concluyó que Saab forma parte del “aparato represivo del Gobierno para dar una apariencia de legalidad a las graves violaciones de derechos humanos cometidas”.
De acuerdo con Human Rights Watch, a la luz de este historial, la permanencia de Saab en el cargo de fiscal general es incompatible con cualquier esfuerzo significativo de reforma que busque respetar los derechos humanos y defender el Estado de derecho.
La organización señaló que la Asamblea Nacional debería modificar o derogar leyes que han permitido violaciones de derechos humanos. Entre ellas mencionó la Ley de Supervisión, Regularización, Operaciones y Financiamiento de Organizaciones No Gubernamentales de 2024, que otorga al gobierno amplios poderes regulatorios sobre el funcionamiento y financiamiento de organizaciones y establece causas vagas para su disolución.
También incluyó la Ley Orgánica Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela de 2024, que tipifica como delito cualquier crítica a las autoridades o defensa de sanciones contra Venezuela o contra funcionarios específicos, con penas de hasta 30 años de cárcel y prohibición de por vida de ocupar cargos públicos.
Human Rights Watch destacó igualmente la Ley contra el Odio de 2017, que impone penas de 10 a 20 años a quien públicamente “promueva, aliente o incite al odio, la discriminación o la violencia” y que ha sido utilizada para detener a críticos bajo tipos penales ampliamente definidos. Señaló además la Ley contra el Crimen Organizado y la Financiación del Terrorismo de 2012, utilizada para procesar a opositores políticos, manifestantes y ciudadanos extranjeros por cargos de presunto terrorismo con penas de entre 25 y 30 años de prisión, y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión de 2004, modificada en 2010, que se ha empleado para restringir la libertad de expresión y de prensa, así como para censurar y cerrar medios de comunicación.
Human Rights Watch sostuvo que el gobierno encabezado por Rodríguez debería permitir el acceso sin restricciones a observadores internacionales de derechos humanos, incluida la Misión de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para visitar Venezuela y documentar la situación en el país.
En febrero, el gobierno permitió una visita breve de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para supervisar la liberación de presos políticos. Human Rights Watch afirmó que el gobierno venezolano debería permitir que el ACNUDH restablezca su oficina en Venezuela, cerrada en 2024, sin restricciones indebidas.
El 30 de enero, Rodríguez anunció que el gobierno trabajaba en una ley de amnistía en beneficio de personas detenidas por actos de violencia política desde 1999, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional. El proyecto, según la información disponible, requeriría que las personas soliciten amnistía ante un tribunal y solo beneficiaría a quienes fueron detenidos “en el contexto” de eventos específicos, como las elecciones de 2024 y las protestas de 2017 y 2014.
“La amnistía propuesta no garantiza que todas las personas detenidas arbitrariamente sean liberadas incondicionalmente”, dijo Goebertus. “Su consideración por parte de los legisladores no debe utilizarse como excusa para retrasar la liberación incondicional de los presos políticos o las reformas estructurales más amplias necesarias para restaurar la democracia venezolana.”
Human Rights Watch reiteró que, sin reformas profundas en el sistema judicial y electoral y sin la derogación de leyes que facilitan abusos, las recientes liberaciones de presos políticos y los anuncios de pacificación y amnistía no serán suficientes para garantizar los derechos de la población venezolana ni para establecer un marco institucional respetuoso del Estado de derecho.
Human Rights Watch
