La reciente asunción de Nicolás Maduro el 10 de enero ha sido calificada por Human Rights Watch como un movimiento que consolida el autoritarismo en Venezuela. Este evento se destaca en el Informe Mundial 2025 de la organización, publicado este jueves.
Rechazo a la Voluntad Popular
Durante el año 2024, el gobierno venezolano llevó a cabo una represión brutal para silenciar las críticas y mantenerse en el poder. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, señaló que la toma de posesión de Maduro es el resultado de una elección que ignoró abiertamente la voluntad del pueblo, consolidando así el autoritarismo.
La represión política comenzó antes de las elecciones del 28 de julio y se intensificó tras el anuncio de los resultados, que no contaban con evidencia que los sustentara. Este fenómeno refleja la profundización de un régimen que desestima los derechos humanos y la voluntad popular.
Según la ONG, el proceso electoral en Venezuela estuvo marcado por el fraude. El régimen de Maduro utilizó la violencia y prácticas fraudulentas para perpetuarse en el poder, consolidando un régimen autoritario cada vez más represivo. Irregularidades electorales fueron evidentes desde el principio, con el Consejo Nacional Electoral negándose a presentar las actas de escrutinio. Observadores internacionales, incluidos expertos de las Naciones Unidas y el Centro Carter, plantearon serias dudas sobre la legitimidad de los resultados, señalando que las actas recabadas por la oposición indicaban una victoria del candidato opositor, Edmundo González.
El anuncio de los resultados desató una oleada de protestas en Venezuela. Miles de ciudadanos exigieron un conteo justo de los votos, pero la respuesta del gobierno fue violenta. Según Human Rights Watch, fuerzas de seguridad y colectivos armados chavistas atacaron a los manifestantes. Un total de 23 personas perdieron la vida durante las protestas, y decenas fueron detenidas y sometidas a procesos arbitrarios.
La toma de posesión de Maduro ocurre en un contexto de crisis humanitaria sin precedentes. Human Rights Watch destaca que más de 20 millones de venezolanos viven en pobreza extrema, enfrentando un acceso limitado a bienes y servicios esenciales. Desde 2014, aproximadamente 8 millones han huido del país, y un 43% de los que permanecen están considerando emigrar debido a la creciente inseguridad y falta de oportunidades.
Human Rights Watch ha exhortado a la comunidad internacional a respaldar los esfuerzos para garantizar la rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esto incluye apoyar la investigación en curso de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional y la imposición de sanciones individuales a los responsables de estos abusos. Además, se solicita ampliar el acceso a refugio y otras formas de protección internacional para los venezolanos que huyen de la violencia y la opresión.
La situación en Venezuela sigue siendo crítica, y este informe subraya la necesidad de una respuesta urgente y coordinada por parte de la comunidad internacional.
El Nacional
