Los incendios forestales en Bolivia han causado estragos catastróficos este año, consumiendo más de 10 millones de hectáreas del territorio, de las cuales una significativa porción corresponde a bosques vírgenes. Según las autoridades bolivianas, la mayoría de estos incendios han sido provocados intencionalmente; sin embargo, la impunidad prevalece ya que la legislación vigente no clasifica estos actos como delitos penales.
En el transcurso del año, se han detenido a más de 800 personas por provocar incendios en flagrancia en áreas rurales. A pesar de estos arrestos, muchos de los detenidos han sido liberados o lo serán pronto. Esto se debe a que el incendio forestal es considerado una infracción menor en lugar de un delito, según las leyes bolivianas.
El esfuerzo del Gobierno por incluir este crimen en el Código Penal como un delito ha enfrentado obstáculos significativos. La Asamblea Legislativa, dominada por la oposición, ha bloqueado las propuestas del Ejecutivo para modificar la legislación actual. En un caso reciente, seis personas fueron detenidas preventivamente por su presunta participación en estos actos incendiarios, pero la falta de tipificación en el Código Penal prevé su pronta liberación.
El Gobierno de Bolivia, ante la magnitud de la crisis, promulgó un decreto supremo el pasado 30 de septiembre declarando el estado de desastre nacional. Además, desde hace un mes, está en vigor una pausa ambiental que prohíbe las quemas controladas para actividades agrícolas y de pastoreo, como una medida para frenar la propagación de los incendios.
La situación actual en Bolivia no solo resalta una crisis ambiental de proporciones sin precedentes, sino también la necesidad urgente de un marco legal más robusto que castigue penalmente estos actos y proteja los recursos naturales del país.
