Un informe de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) detalla una presunta red de cooperación entre el gobierno del ex dictador acusado de narcoterrorismo e Irán, que abarcaría ámbitos financieros, militares y logísticos. Esta red podría ser relevante en procesos judiciales federales en Estados Unidos. El documento, al que tuvo acceso Infobae, se basa en el análisis de más de 3.000 registros oficiales y fuentes de inteligencia.
El informe describe una estructura que, según la DEA, permitió a Teherán evadir sanciones internacionales a través de mecanismos financieros opacos. Estos mecanismos incluían fondos binacionales, fideicomisos y bancos corresponsales en distintos países. El reporte indica que estos esquemas facilitaron la canalización de recursos a sectores estratégicos iraníes como energía, construcción naval y actividades de doble uso, contribuyendo a sostener capacidades económicas y operativas ligadas a intereses geopolíticos en Medio Oriente y América Latina.
Vínculos militares y con organizaciones terroristas
En el ámbito militar, la DEA advierte sobre transferencias tecnológicas que abarcarían drones, sistemas de defensa costera y asistencia industrial. También se mencionan supuestos intercambios de materiales sensibles y conocimientos técnicos con posibles implicaciones en programas nucleares; Infobae señala que estos puntos son líneas de investigación en desarrollo. El informe describe a Venezuela como un posible punto de apoyo para organizaciones catalogadas como terroristas por Estados Unidos, como Hezbollah y Hamas, que habrían usado el territorio venezolano para logística, emisión de documentos y movimientos financieros ilícitos.
Conexiones criminales y proceso judicial
Se destaca la presunta conexión de estas redes con organizaciones criminales en América Latina, incluyendo disidencias de las FARC y carteles del narcotráfico, configurando un ecosistema híbrido entre crimen organizado y actores con motivaciones políticas o ideológicas. Paralelamente, el caso judicial avanza en Estados Unidos. La defensa del ex dictador acusado de narcoterrorismo, liderada por el abogado Barry J. Pollack, presentó un recurso cuestionando la validez de los cargos, alegando posibles violaciones a derechos constitucionales como el debido proceso y la asistencia legal.
Fuentes cercanas al proceso consideran poco probable que estos argumentos prosperen. Una audiencia está programada para el 26 de marzo en un tribunal federal de Nueva York, donde se evaluarán los planteamientos de la defensa y la admisibilidad de las pruebas.
