La Unión de Trabajadores Agrícolas de Estados Unidos (UFW) y cinco inmigrantes del condado de Kern han interpuesto una demanda contra la Patrulla Fronteriza, derivada de una redada efectuada en enero en una región agrícola de California, ubicada a más de 480 kilómetros de la frontera con México, fuera del ámbito habitual de operación de dicha agencia.
La querella alega discriminación contra latinos, mencionando maltrato, abusos y coacción a migrantes para autodeportarse a México, calificando como «ilegales» las redadas en el Valle Central que resultaron en la detención de numerosos inmigrantes.
Se denuncia que agentes de la Patrulla Fronteriza, desplegados comúnmente en la frontera entre Estados Unidos y México, se trasladaron hasta Bakersfield, al norte de Los Ángeles, para llevar a cabo las operaciones. Estos agentes tienen autorización para realizar registros sin orden judicial de vehículos dentro de un rango de unos 160 kilómetros de cualquier frontera, pero Bakersfield se encuentra más allá de esta limitación geográfica.
La demanda también abarca al Departamento de Seguridad Nacional, al cual pertenece la Patrulla Fronteriza. Durante una semana, se llevaron a cabo operativos en áreas predominantemente latinas en el condado de Kern y sus alrededores, donde presuntamente se arrestó indiscriminadamente a personas de minorías, especialmente a trabajadores agrícolas y jornaleros, sin verificar su estatus migratorio real.
Una de las demandantes, María Hernández Espinoza, vivía en Kern County desde hacía 20 años. Según el documento legal, los agentes de la Patrulla Fronteriza la forzaron a firmar documentos que no pudo leer y que implicaban su salida voluntaria del país. A pesar de sus súplicas para comparecer ante un juez de inmigración, su solicitud fue denegada. Hernández, junto con al menos otras 40 personas, fueron deportadas a México, separándolas de sus familias sin certeza sobre cuándo podrán regresar.
«Nos detuvieron porque nos vemos latinos o parecemos trabajadores agrícolas, por el color de nuestra piel. Fue injusto», expresó Hernández, resaltando un sentimiento compartido por los detenidos. La demanda también señala que los agentes instalaron retenes en carreteras y caminos cercanos a granjas y comercios, donde arrestaron a personas con base en su apariencia. Incluso aquellos con estatus migratorio legal fueron víctimas de detenciones arbitrarias.
En ciertos incidentes, los agentes habrían actuado con violencia, rompiendo ventanas de vehículos, dañando neumáticos y, en un caso, arrojando a una mujer mayor al suelo antes de liberarla tras verificar su residencia legal.
La UFW advierte que estas acciones no solo afectan a los inmigrantes, sino que también generan miedo y explotación laboral en los campos agrícolas. «Como resultado de estas tácticas coercitivas, decenas de residentes de Kern County ahora están varados en México, lejos de sus hogares y familias», señaló Teresa Romero, presidenta de la UFW.
Los demandantes, representados por oficinas de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en California, buscan representar a aquellos detenidos sin sospecha razonable, arrestados sin pruebas suficientes de ser un riesgo de fuga y forzados a aceptar una «salida voluntaria» sin una renuncia consciente de sus derechos. El abogado Ajay Krishnan calificó las acciones de «inadmisibles», subrayando la gravedad de viajar 300 millas desde la frontera para detener personas basándose en su color de piel, y describiendo el comportamiento de los agentes como «completamente indignante».
EFE
