Un grupo de inmigrantes y la Asociación Venezolana de Massachusetts (VAM) ha presentado una demanda federal contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). La acción legal busca impugnar la terminación repentina del estatus de «parole» humanitario por parte de la administración Trump-Vance.
La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, argumenta que la medida ignora los derechos de los no ciudadanos y los pone en riesgo de deportación. Los demandantes indican que la política viola la ley federal al no cumplir con la exigencia de una determinación caso por caso antes de que el parole pueda ser terminado.
Según un comunicado de Democracy Forward, en abril de 2025, cientos de miles de no ciudadanos que habían recibido parole a través de la aplicación CBP One recibieron un correo electrónico masivo con el mensaje: «es hora de que abandones los Estados Unidos». Esta comunicación, que también fue enviada a ciudadanos estadounidenses que los representaban, amenazaba con sanciones para incentivar la autodeportación. La demanda sostiene que la revocación del parole y de las autorizaciones de trabajo sin una revisión individualizada es ilegal y ha desestabilizado a familias enteras.
En un comunicado, la VAM denunció el impacto directo de la medida: «Como organización comunitaria, hemos visto de primera mano el daño directo que esta política repentina inflige a las personas que llegaron legalmente, cumplieron con todos los requisitos del DHS… Despojarlos del parole y la autorización de trabajo sin ninguna revisión individualizada no solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal».
Georgia Katsoulomitis, Directora Ejecutiva del Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts, enfatizó: «Nuestros clientes usaron la aplicación CPB One porque el DHS lo requería. Despojarlos ahora de sus derechos y amenazarlos con la deportación es una grave violación de la ley y la confianza pública… Cuando el gobierno le quita a una persona el estatus y el permiso de trabajo, empuja a familias enteras a la pobreza, desestabiliza comunidades y obliga a las personas a elegir entre la supervivencia básica y el cumplimiento de una política injusta».
Por su parte, Skye Perryman, presidenta y directora ejecutiva de Democracy Forward, afirmó: «Este repentino cambio de política es el último en el asalto de la administración Trump-Vance contra los inmigrantes que han seguido las reglas. Permítanme ser clara: nada de esto se trata de inmigración, se trata de crueldad y ataques a personas en circunstancias vulnerables».
La demanda solicita que el tribunal revoque la terminación del parole y la autorización de trabajo, restablezca a los beneficiarios su capacidad de quedarse, trabajar y solicitar asilo u otro alivio migratorio, y evite que el DHS lleve a cabo futuras revocaciones arbitrarias masivas.
Alberto News