El Senado italiano ha aprobado un decreto-ley promovido por el Gobierno de Giorgia Meloni que busca limitar el acceso a la nacionalidad italiana para descendientes de italianos en el extranjero. Con 81 votos a favor y 37 en contra, esta medida impulsa una revisión significativa del acceso a la ciudadanía, la cual deberá ser ratificada por la Cámara de los Diputados en un plazo de 60 días para entrar en vigor definitivamente.
El decreto, presentado por el ministro de Exteriores Antonio Tajani, busca reducir lo que el Ejecutivo considera una «comercialización» de la nacionalidad italiana. «Este resultado es muy importante porque la medida pretende devolver dignidad y significado a un derecho que debe estar basado en un vínculo verdadero con Italia, no solo burocrático sino también cultural», afirmó Tajani.
Italia aplica el principio de “Ius Sanguinis” (derecho de sangre), permitiendo así que los descendientes de italianos soliciten la ciudadanía. No obstante, el incremento en las solicitudes, especialmente desde Sudamérica, ha motivado al Gobierno a implementar restricciones. Según datos oficiales, en los últimos diez años, el número de italianos en el extranjero ha crecido un 40 %, aumentando de 4,6 millones a 6,4 millones. En Argentina, se reconocieron 30.000 nacionalidades italianas en 2024, frente a 20.000 el año anterior. En Brasil, las cifras aumentaron de 14.000 en 2022 a 20.000 en 2023. En Venezuela, se aprobaron cerca de 8.000 solicitudes solo en 2023.
Tres pilares de la reforma
- Limitación por generaciones: La ciudadanía automática se restringirá a dos generaciones, siendo válida únicamente si uno de los progenitores o abuelos nació en Italia.
- Vínculo efectivo con Italia: Se exigirá que los ciudadanos italianos nacidos y residentes en el extranjero ejerzan al menos un derecho o deber cívico cada 25 años para mantener la nacionalidad.
- Canal único para las solicitudes: Estas deberán presentarse ante un ente designado del Ministerio de Exteriores, y no en los consulados, que han soportado una alta demanda en años recientes.
La medida ha generado preocupación entre las comunidades italianas en el exterior, especialmente en América Latina, donde millones de personas mantienen lazos familiares, culturales y afectivos con Italia. Diversas organizaciones han advertido que la reforma podría excluir a personas legítimamente vinculadas al país, por motivos meramente administrativos o por dificultades logísticas para demostrar esos vínculos activos.
El texto pasará ahora a la Cámara de los Diputados, donde se espera un debate igualmente intenso. En caso de ser aprobado sin enmiendas, la nueva ley entrará en vigor en las próximas semanas, marcando un cambio histórico en la política migratoria y de ciudadanía de Italia.
EFE
