En la primera audiencia celebrada en la cárcel de Krome North en Florida, un juez migratorio de Estados Unidos denegó la libertad bajo fianza al teniente coronel retirado venezolano, Rafael Quero Silva. El militar, defendido por dos abogados, solicitó su liberación alegando que solamente cumplía órdenes superiores. Sin embargo, el tribunal decidió que Quero Silva continuará detenido, programando una nueva audiencia para el próximo lunes, así lo dio a conocer el diario El Tiempo Colombia.
Rafael Quero Silva fue arrestado en marzo en Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones de haber participado en la represión y tortura de opositores al «régimen» de Nicolás Maduro durante los años 2013 y 2014 en el estado de Lara. La acusación federal liderada por dos fiscales de Estados Unidos se basa en más de 20 testimonios recogidos por el FBI, detallando presuntos abusos como privación de libertad arbitraria, golpes, descargas eléctricas y tratos crueles.
El exmilitar fue descubierto residiendo en Estados Unidos en 2018, donde se desempeñaba como extra en telenovelas en Miami. Durante su audiencia, Quero Silva señaló que actuaba bajo las órdenes de Freddy José Hernández Parabibí y Octavio Chacón, ambos de altos mandos militares en el estado Lara. Según fuentes, Hernández Parabibí ocupaba el cargo de segundo comandante del Comando Terrestre de Logística del Ejército y fue director de Planificación y Presupuesto de Seguros Horizonte, una entidad gubernamental venezolana. Por su parte, Chacón se desempeñaba como general jefe del Comando Regional de la Guardia Nacional en Lara.
Desde la Fundación Funpaz, que ha documentado el caso de Quero, Andrés Colmenárez, director de la ONG y víctima del militar, declaró que siguen el proceso con atención. «Entendemos que es un proceso lento, pero que está marcando una pauta internacional en el caso de los violadores de derechos humanos. El próximo lunes estaremos pendientes del desarrollo de los acontecimientos», expresó Colmenárez, quien actualmente se encuentra en el exilio.
La continuación de este caso será observada de cerca, especialmente por organizaciones de derechos humanos que buscan justicia para las víctimas de represión en Venezuela.
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