Un juez de la Audiencia Nacional de España ha decidido dejar en libertad con medidas cautelares al diputado venezolano Pedro José Rojas Chirinos, quien fue detenido el pasado lunes en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, al intentar viajar hacia Panamá.
El arresto del parlamentario, miembro del partido Acción Democrática -intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela-, se produjo bajo una orden de detención con fines de extradición emitida por las autoridades venezolanas. A Rojas Chirinos se le acusa de presuntos delitos informáticos, enfrentándose a una posible condena de 15 años de prisión.
Tras su detención, el juez Francisco de Jorge, a petición del fiscal, ordenó su puesta en libertad, pero bajo ciertas condiciones: no puede salir de España, se le ha retirado el pasaporte y deberá comparecer mensualmente ante el juzgado. Estas medidas permanecerán vigentes mientras se tramita la solicitud de extradición hecha por Venezuela, según informaron fuentes jurídicas a Efe.
Durante su comparecencia ante el Juzgado Central de Instrucción número 1, Rojas Chirinos, de 58 años, rechazó las acusaciones y afirmó que la orden de detención de Interpol Venezuela responde a una «persecución política», al ser él un diputado opositor al gobierno de Nicolás Maduro.
El legislador, asistido por Carlos Bautista, abogado especialista en extradiciones y exfiscal de la Audiencia Nacional, argumentó que ha sido objeto de un «ataque continuado» tras las elecciones presidenciales en Venezuela, lo que atribuye como motivo detrás de la orden de detención.
Según la reclamación de las autoridades judiciales venezolanas, mientras Rojas Chirinos era presidente de la empresa Tranred -plataforma tecnológica de medios de pago-, no abordó alertas del equipo de tecnología frente a deficiencias, permitiendo que las licencias de los sistemas operativos vencieran. Esto dejó a la plataforma vulnerable, ocasionando un hackeo con significativos daños reputacionales y patrimoniales, estimados en 200.000 dólares.
Por estos hechos, se le imputan delitos de asociación para delinquir, apropiación de información por medios electrónicos y sabotaje o daño a sistemas.
El Nacional
