Un juez federal del Distrito Sur de Nueva York bloqueó las deportaciones de migrantes venezolanos bajo la proclamación del presidente Donald Trump, que se basaba en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. Esta legislación fue originalmente concebida para ser aplicada en tiempos de guerra.
En su fallo de 22 páginas, el juez Alvin Hellerstein argumentó que la proclamación emitida en marzo por Trump, que catalogaba a miembros de la banda criminal Tren de Aragua como una amenaza en territorio estadounidense, excedía los límites legales de la normativa original. Según el juez, «el gobierno no ha demostrado la existencia de una guerra, invasión o incursión predatoria», lo que llevó a la conclusión de que la ley se invocó de manera incorrecta.
El fallo prohíbe al gobierno federal utilizar dicha proclamación para deportar a migrantes no ciudadanos detenidos en el Distrito Sur de Nueva York. No obstante, aún podrían ser deportados bajo otras leyes migratorias, como la Ley de Inmigración y Nacionalidad.
La demanda fue presentada por dos venezolanos, identificados como G.F.F. y J.G.O., quienes fueron arrestados en Nueva York, trasladados a Texas y casi deportados a El Salvador. El juez frenó este proceso al determinar que violaba el debido proceso y los derechos de defensa básicos.
La proclamación de Trump clasificaba a todos los venezolanos mayores de 14 años presentes irregularmente en Estados Unidos como «enemigos extranjeros» si se sospechaba de sus vínculos con el Tren de Aragua, afirmando que el grupo actuaba bajo órdenes de Nicolás Maduro. Sin embargo, una evaluación de inteligencia desclasificada, obtenida por la organización Freedom of the Press Foundation, contradice esta afirmación. El Consejo Nacional de Inteligencia concluyó que no hay evidencia creíble de que el régimen socialista dirija al Tren de Aragua o facilite su ingreso a Estados Unidos.
El juez Hellerstein también criticó los procedimientos del gobierno para notificar a los migrantes afectados, describiéndolos como “superficiales” y “deficientes”. Según su dictamen, los acusados no recibieron información sobre las acusaciones específicas en su contra ni sobre la evidencia de su supuesta afiliación con la banda criminal.
Además, el fallo menciona el caso de Kilmar Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado a El Salvador debido a un «error administrativo» del gobierno republicano. Actualmente, Ábrego García permanece detenido en El Salvador, sin garantías de su regreso a Estados Unidos, a pesar de que distintas instancias judiciales han ordenado su retorno.
Este caso representa un nuevo obstáculo para la administración de Donald Trump en su intento de restringir la inmigración utilizando medidas ejecutivas no tradicionales.
El Nacional
