Un juez federal ha tomado la decisión de permitir redadas de inmigración en escuelas, rechazando la demanda presentada por las Escuelas Públicas de Denver. Esta medida, que buscaba proteger a los estudiantes y sus familias de posibles detenciones en estos espacios considerados como zonas sensibles, representa un apoyo a la política de la administración de Donald Trump, enfocada en intensificar los esfuerzos de deportación en todo el país.
El fallo fue emitido por el juez del Distrito de los Estados Unidos, Daniel Domenico, quien determinó que el distrito escolar no había demostrado de manera concluyente que una disminución en la asistencia de los estudiantes estuviera directamente relacionada con la decisión del gobierno federal de revertir la política de protección a lugares sensibles implementada durante la administración del expresidente Joe Biden. Esta política protegía espacios como escuelas e iglesias de redadas por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La preocupación sobre las posibles redadas en las escuelas no solamente se centró en las nuevas regulaciones, sino que también reflejó temores más amplios sobre un aumento en las acciones de inmigración, según reportó The Associated Press (AP).
El distrito escolar de Denver presentó una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y su secretaria, Kristi Noem, alegando que la reversión de la política de 2021 había afectado su capacidad para cumplir con su misión educativa. El distrito argumentó que muchos estudiantes dejaron de asistir a clases debido al miedo generado por las redadas en las escuelas, obstaculizando así su labor de garantizar acceso a la educación.
En su demanda, el distrito solicitó una orden judicial preliminar para prohibir al gobierno federal realizar arrestos en lugares sensibles como las escuelas. Sin embargo, esta petición fue denegada por el juez Domenico, quien también rechazó imponer una orden judicial a nivel nacional que obligara a las autoridades de inmigración a volver a las directrices de 2021. La decisión se alinea con un esfuerzo más amplio de la administración de Trump para reforzar las políticas de inmigración y aumentar las deportaciones.
Según información de AP, las Escuelas Públicas de Denver argumentaron que se vieron obligadas a desviar recursos para responder al miedo entre los estudiantes y sus familias. “Esto incluye brindar apoyo de salud mental a los estudiantes, desviar la atención de los administradores de los asuntos académicos a los asuntos de inmigración y ayudar a los estudiantes que faltan a la escuela a ponerse al día”, explicaron los abogados del distrito escolar en su solicitud.
La política de 2021, implementada bajo la administración de Joe Biden, establecía que lugares como escuelas, iglesias y hospitales debían ser considerados zonas seguras, libres de redadas de inmigración. Aunque generalmente los agentes migratorios debían obtener aprobación para operaciones en estos lugares, se permitían excepciones por razones de seguridad nacional.
Hasta una semana antes del fallo del juez Domenico, no se habían producido nuevos arrestos en escuelas como consecuencia de la nueva política, según reveló AP.
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