Una jueza federal en California ha ordenado a la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos suspender los arrestos de indocumentados sin orden judicial en gran parte del estado. Esta decisión se produce tras una redada en una zona agrícola donde decenas de campesinos fueron detenidos, incluyendo a un ciudadano estadounidense.
El fallo de la jueza Jennifer Thurston prohíbe la detención de personas sin sospecha razonable de ser indocumentados. Esta medida se aplicará a futuras operaciones de la Patrulla Fronteriza en el Distrito Este de California, que abarca desde Bakersfield, al norte de Los Ángeles, hasta la frontera con Oregón.
La magistrada apoyó al Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW, por sus siglas en inglés), que demandó a las autoridades migratorias tras los operativos realizados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) los días 7 y 8 de enero en el condado de Kern, una región predominantemente agrícola.
La UFW y la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) denunciaron «discriminación racial» debido a que los agentes migratorios viajaron cerca de 500 kilómetros fuera de sus jurisdicciones para hacer los arrestos.
En su opinión de 88 páginas, la jueza Thurston destacó que «las prácticas empleadas por los agentes de la Patrulla Fronteriza durante el operativo demostraron un daño inminente e irreparable a las personas afectadas por la redada».
La orden preliminar prohíbe a los agentes detener a personas sin sospecha razonable de indocumentación y realizar arrestos sin una orden judicial si no hay causa probable para creer que las personas podrían huir. Además, el tribunal ha dictaminado que la Patrulla Fronteriza debe documentar todos los hechos y circunstancias relacionados con las detenciones y arrestos sin orden judicial en el área cubierta por la orden.
Bree Bernwanger, abogada principal de la ACLU del Norte de California, afirmó: «El fallo de hoy afirma la dignidad y los derechos constitucionales de todas las personas. La Patrulla Fronteriza debe poner fin a sus prácticas ilegales de detención y arresto ya».
Las acciones generaron gran confusión en la comunidad, ya que las personas detenidas, en su mayoría campesinos, fueron transportadas 480 kilómetros al sur hasta un centro de detención en la frontera de California con México, donde les negaron el debido proceso y las obligaron a salir voluntariamente. Como resultado de este operativo, al menos 40 residentes de larga data del condado de Kern están varados en México, separados de sus familias y su comunidad.
Teresa Romero, presidenta de la UFW, señaló: «La Patrulla Fronteriza no puede simplemente inmiscuirse en las comunidades y capturar a personas trabajadoras sin el debido proceso, solo por ser de piel oscura y de clase trabajadora».
EFE
