Una jueza federal en Estados Unidos ha dictaminado que el gobierno debe reanudar el procesamiento de solicitudes del programa de parole humanitario. Este fallo afecta a más de 530,000 migrantes provenientes de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, quienes han ingresado al país de manera legal a través de este programa.
La orden fue emitida por la jueza Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, como respuesta a una demanda colectiva presentada por individuos afectados por la suspensión del procesamiento de sus solicitudes. Esta decisión busca asegurar que los migrantes que ingresaron bajo el programa puedan continuar con sus trámites migratorios de manera adecuada.
Según un reporte de Telemundo, los migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que llegaron con parole humanitario o a través del programa de reunificación familiar se beneficiarán de este fallo. Asimismo, la decisión de la jueza Talwani impide temporalmente que el gobierno suspenda varios programas de libertad condicional de dos años otorgados a miles de migrantes, que fueron implementados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante la administración de Joe Biden.
Además, el fallo protege programas como el Uniting for Ukraine, que permite el ingreso temporal de ucranianos desplazados por la guerra, y la Operation Allies Welcome, que facilitó la llegada de afganos aliados de Estados Unidos. También se ven beneficiados aquellos protegidos por el Parole Militar, conocido como MPIP, que acoge a familiares indocumentados de miembros activos o veteranos de las fuerzas armadas.
La jueza ha ordenado al gobierno reactivar las solicitudes migratorias para los beneficiarios de estos programas desde su llegada a Estados Unidos bajo el parole humanitario.
En marzo, el gobierno había anunciado la anulación del parole, como parte de una estrategia para reforzar la seguridad fronteriza y combatir la inmigración irregular. Este programa, instaurado durante la presidencia de Joe Biden, permitió el ingreso de más de 531,000 personas de países en crisis, siempre que contaran con un patrocinador financiero y cumplieran con ciertos requisitos de entrada.
El DHS argumentó que el programa ya no cumplía con criterios de “beneficio público significativo” ni “necesidad humanitaria urgente”, y que estaba contribuyendo al colapso del sistema migratorio, particularmente en los aeropuertos de Florida, donde arriban el 80% de los migrantes.
Finalmente, señalaron que al menos 75,000 beneficiarios del parole han solicitado asilo, lo que consideran como un factor que retrasa los procesos migratorios. La decisión de la jueza Talwani representa un bloqueo temporal a las medidas del gobierno, asegurando así la continuidad de los programas de parole humanitario mientras se realizan gestiones legales adicionales.
El Nacional
