Una jueza federal en Maryland, Estados Unidos, ha bloqueado indefinidamente la orden ejecutiva del ex presidente estadounidense, Donald Trump, que buscaba poner fin al derecho de ciudadanía por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados y visitantes con visas temporales. La decisión, reportada por la agencia Xinhua, marca un hito en la defensa de los derechos de los inmigrantes en el país.
El pasado 23 de enero, el magistrado del distrito federal John C. Coughenour, en Seattle, había ya bloqueado temporalmente la orden de Trump, calificándola de «claramente inconstitucional,» según declaraciones recogidas por la cadena ABC News.
La controversia gira en torno a la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, la cual estipula que toda persona nacida en suelo estadounidense obtiene automáticamente la nacionalidad, independientemente del estatus migratorio de sus padres. El decreto de Trump, firmado horas después de que asumiera su cargo, dictaminaba que las personas nacidas en EE.UU. de padres indocumentados o con un estatus legal «temporal», como una visa de trabajo, no podrían obtener la ciudadanía.
La reacción legal fue inmediata, con 22 estados y varias organizaciones que acudieron a la justicia para frenar el decreto. Este miércoles, la jueza federal de distrito Deborah Boardman escuchó en su corte federal en Maryland los argumentos a favor de congelar el decreto, presentados por los grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes CASA y Asylum Seeker Advocacy Project, junto con varias mujeres embarazadas.
El bloqueo indefinido de la orden ejecutiva representa un fortalecimiento del marco constitucional que protege los derechos de los nacidos en Estados Unidos y subraya el papel del poder judicial en la garantía de los principios fundamentales del país. La resolución deja en suspenso una política que generó amplios debates y oposición desde su concepción.
Esta medida judicial se enmarca dentro de un contexto mayor de esfuerzos legales por parte de grupos defensores de los derechos civiles, y refuerza la vigencia de la Enmienda 14 como un pilar fundamental en la protección de los derechos de ciudadanía en Estados Unidos.
