La justicia de Bolivia anunció el restablecimiento de la orden de captura contra el exmandatario Evo Morales en relación con un caso de presunta trata de personas. Esta decisión se produce después de que una jueza había anulado previamente la orden esta misma semana.
El Ministerio de Justicia de Bolivia, a través de su titular César Siles, informó que no solo se mantiene vigente la orden de captura, sino también el proceso judicial, la imputación y la jurisdicción correspondiente. Estas declaraciones fueron emitidas por Siles en una entrevista con el canal oficial Bolivia TV.
La decisión de reactivar la orden fue atribuida a un juez de La Paz, quien decidió suspender temporalmente el fallo de la magistrada Lilian Moreno, de Santa Cruz, que había dejado sin efecto los cargos y la orden de captura contra Morales. Según la resolución judicial, citada por la Agencia Boliviana de Información, se ordena la suspensión temporal de la ejecución de toda determinación adoptada, ya que aún se debe resolver una queja pendiente.
El ministro Siles calificó el fallo de la jueza como «un fallo aberrante», pero destacó que afortunadamente se restableció el estado de derecho. Por su parte, Morales describió la resolución como una «noticia difundida por el gobierno» en respuesta a «su desesperación al haber sido derrotado política y jurídicamente». El exmandatario acusa al gobierno de Luis Arce de orquestar una persecución judicial en su contra con el objetivo de proscribirlo de las elecciones del 17 de agosto, en las que busca un cuarto mandato.
Evo Morales anunció su intención de marchar en La Paz el 16 de mayo para inscribir su candidatura, señalando que el gobierno busca confundir y ocultar lo que considera un desastre económico en el país. Sin embargo, su principal obstáculo es un fallo del tribunal constitucional de 2023 que establece que nadie puede gobernar Bolivia por más de dos períodos.
Según la Fiscalía, Morales mantuvo en 2015 una relación con una adolescente de 15 años, con quien tuvo una hija un año después. Este caso fue inicialmente investigado en 2019 bajo el cargo de estupro, delito que implica acceso carnal con un menor de entre 14 y 18 años. El año pasado, la Fiscalía retomó el expediente e imputó a Morales por presunta trata, alegando que había otorgado beneficios a los padres de la menor a cambio de su hija, quien formaba parte de la «guardia juvenil» del partido del exgobernante.
ntn24
