En un movimiento significativo en la política exterior estadounidense, la Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a la Ley Bolívar, una legislación respaldada por ambos partidos principales, que tiene como objetivo prohibir contratos gubernamentales con entidades vinculadas al «gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro» en Venezuela. Este proyecto de ley, aún pendiente de aprobación en el Senado, también se aplicaría a cualquier gobierno sucesor en Venezuela que no sea reconocido como legítimo por Estados Unidos.
La Ley Bolívar, cuyo nombre completo es la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela, busca reforzar las medidas ya existentes contra el régimen de Maduro. El gobierno de Estados Unidos ha dejado claro su reconocimiento a Edmundo González Urrutia como el legítimo vencedor de las elecciones presidenciales venezolanas de julio pasado, una postura que contrasta fuertemente con la proclamación de Maduro como ganador por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela.
El proyecto fue promovido por los representantes de Florida Mike Waltz, republicano, y Debbie Wasserman Schultz, demócrata. Waltz enfatizó la necesidad de mantener y expandir las sanciones contra Maduro, afirmando: «Esta legislación envía un mensaje claro y poderoso a Maduro… no habrá tolerancia, no habrá recompensa por sus acciones ilegales y deshonestas». Wasserman Schultz, por su parte, expresó su orgullo por liderar esta iniciativa bipartidista, destacando que cortará la red de apoyo de Maduro y reiterando que los estadounidenses no tolerarán la represión antidemocrática.
La preocupación por la situación electoral en Venezuela fue subrayada por Waltz, quien acusó al régimen de Maduro de ignorar la voluntad electoral y de incitar a la violencia contra la oposición. «La política estadounidense debe basarse en la solidaridad con los valientes activistas que se esfuerzan por romper las cadenas de la opresión», añadió.
El proyecto también ha contado con el apoyo de otros congresistas como María Elvira Salazar, Carlos Giménez, y Mario Díaz-Balart, todos de origen cubano y republicanos, así como de Jennifer González-Colón, representante de Puerto Rico.
Con el apoyo del futuro secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, quien ha respaldado legislaciones similares en el pasado, la Ley Bolívar se perfila como un elemento crucial en la política estadounidense hacia Venezuela. Waltz concluyó con una solicitud al Senado para que apruebe rápidamente esta legislación y la envíe al escritorio del Presidente para su firma, consolidando así el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
