La Casa Blanca: El Tren de Aragua fue enviado a EE.UU por el régimen hostil de Maduro

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. EFE/WILL OLIVER
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Publicada: marzo 20, 2025
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En un movimiento controversial, la Casa Blanca defendió el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a supuestos miembros del Tren de Aragua a una cárcel en El Salvador. Esta decisión se fundamenta en la afirmación de que la banda transnacional, originaria de las cárceles venezolanas, fue enviada a Estados Unidos por el régimen hostil de Nicolás Maduro.

La administración de Donald Trump sostiene que el Tren de Aragua representa una «incursión predatoria» en territorio estadounidense, lo que justifica la aplicación de la ley de 1798. En una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, indicó que esta normativa permite detenciones y expulsiones sumarias en escenarios de guerra o invasión. «Ha sido enviada aquí por el régimen hostil de Maduro en Venezuela», declaró Leavitt, agregando que Trump había designado a la banda como una organización terrorista al asumir la presidencia.

La decisión ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones como el Brennan Center for Justice, que argumentan que la Ley de Enemigos Extranjeros, inactiva desde la Segunda Guerra Mundial, debería reservarse para conflictos bélicos declarados o invasiones armadas por otro país. No obstante, la Casa Blanca y Trump insisten en que la llegada de migrantes indocumentados constituye una invasión, y que bandas criminales como el Tren de Aragua han sumido al país en un «período de guerra».

Durante el fin de semana, la administración Trump utilizó esta ley para justificar la deportación de más de 250 migrantes en varios vuelos hacia El Salvador, donde fueron enviados a una prisión. Este proceso se llevó a cabo sin un debido proceso legal y sin especificar los delitos concretos que habrían cometido los deportados.

Este uso de la Ley de Enemigos Extranjeros plantea interrogantes sobre los límites del poder ejecutivo en materia de inmigración y seguridad nacional, y su aplicación en situaciones que no involucran conflictos bélicos directos. La controversia continúa mientras se analizan las implicaciones legales y éticas de esta medida.

El Nacional

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