La Casa Blanca rechazó recientemente las acusaciones de haber incumplido una orden judicial que suspendía las deportaciones de venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua hacia El Salvador. La administración de Donald Trump defendió sus acciones, argumentando que la orden del juez federal James Boasberg fue emitida después de que los migrantes ya habían abandonado el territorio estadounidense.
El sábado pasado, el juez Boasberg había bloqueado temporalmente las deportaciones y ordenado que cualquier vuelo en curso con migrantes a bordo regresara a Estados Unidos. Sin embargo, el domingo, la administración republicana anunció que 250 deportados ya estaban bajo custodia de las autoridades salvadoreñas.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, afirmó en un comunicado, según publicó CNN, que la administración no había desobedecido ninguna orden judicial. Según Leavitt, la decisión judicial carecía de fundamento legal y fue emitida después de que los presuntos criminales abandonaran Estados Unidos.
La funcionaria también criticó la posibilidad de que un solo juez intente revertir una medida presidencial sobre seguridad nacional. Durante su regreso a Washington, el presidente Trump evitó responder directamente si su gobierno ignoró la orden del juez y declaró que los deportados eran «malas personas». Sugirió que cualquier duda sobre el proceso legal debía ser aclarada por los abogados de su administración.
Grupos de derechos civiles han solicitado una aclaración inmediata del juez Boasberg sobre las acciones de los funcionarios federales en relación con la orden judicial. Exigen conocer el momento exacto en el que despegaron los vuelos, si estos se ejecutaron después de la decisión del juez y en qué circunstancias se entregaron los migrantes a El Salvador.
Los venezolanos, junto con algunos miembros de la Mara Salvatrucha, fueron deportados de Estados Unidos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Esta legislación, que data de 1798, ha sido utilizada en el pasado durante tiempos de guerra y en episodios polémicos de la historia estadounidense, como el internamiento de ciudadanos japoneses durante la Segunda Guerra Mundial.
Críticos argumentan que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela y que el Congreso no ha declarado un conflicto que justifique la aplicación de esta ley, de acuerdo con diversas fuentes. El senador republicano Mike Rounds expresó su expectativa de que el Ejecutivo cumpla con la ley, mientras que el secretario de Estado Marco Rubio defendió la medida y aseguró que los deportados están retenidos en cárceles salvadoreñas con financiamiento estadounidense.
Sin embargo, la falta de transparencia sobre la identidad de los deportados genera temores de que personas sin vínculos con organizaciones criminales puedan haber sido expulsadas sin garantías legales.
El Nacional
