La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un informe titulado Venezuela: graves violaciones a los derechos humanos en el contexto electoral, que analiza exhaustivamente la represión sistemática ejercida por el «régimen venezolano» para perpetuarse en el poder. Este informe se estructura en tres fases clave que delinean cómo el gobierno obstaculiza la participación política de la oposición, comprometiendo la posibilidad de una elección libre, justa y transparente, y sembrando el terror entre la ciudadanía.
En la primera fase, correspondiente al período preelectoral, el Estado venezolano, valiéndose del control sobre instituciones como el Ministerio Público, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), detuvo arbitrariamente a opositores, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Además, se reportaron intimidaciones e inhabilitaciones de dirigentes opositores, lo cual fue un intento directo de socavar la oposición política.
La segunda fase del informe se centra en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Durante estos comicios, el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendió la transmisión de los resultados y se negó a publicar las actas de votación que respaldarían el triunfo de Nicolás Maduro. Estas acciones derivaron en graves denuncias de fraude electoral, en medio de un descontento generalizado, ya que la oposición logró recolectar el 83.5% de las actas a nivel nacional, demostrando, según su análisis, que Edmundo González Urrutia fue el verdadero ganador de las elecciones.
La tercera fase aborda la represión posterior a la jornada electoral. En respuesta a las manifestaciones de rechazo al presunto fraude, se registraron unas 300 protestas que fueron reprimidas por las fuerzas del régimen y grupos civiles de choque. La llamada «Operación Tun Tun» resultó en al menos 25 muertes, más de 2000 detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. La violencia incluyó allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones masivas, destacando un patrón de violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
El informe enfatiza que estas violaciones son consecuencia de la cooptación de las instituciones estatales por parte del Poder Ejecutivo, con una corrupción y control de los poderes públicos que permiten al régimen operar con total impunidad. Las circunstancias que rodearon las elecciones del 28 de julio son vistas como una alteración del orden constitucional, y la CIDH cuestiona la legitimidad democrática de la reelección de Nicolás Maduro debido a la opacidad y restricciones políticas observadas.
Entre las recomendaciones, la CIDH insta al régimen de Venezuela a cesar de inmediato la persecución política, la represión y las detenciones arbitrarias, y a liberar urgentemente a todas las personas detenidas injustamente. También pide restablecer el orden constitucional, asegurar la separación e independencia de los poderes públicos, publicar todas las actas de votación y permitir una auditoría electoral independiente con observación internacional.
Finalmente, la CIDH reafirma su compromiso y solidaridad con el pueblo venezolano, y solicita a la comunidad internacional que reconozca la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y permanezca alerta ante posibles nuevas escaladas represivas. Asimismo, llama a activar todos los canales diplomáticos e institucionales para promover el retorno de la democracia en el país.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), con el mandato de promover y defender los derechos humanos en la región. Está compuesta por siete miembros independientes, elegidos a título personal por la Asamblea General de la OEA, y no representan a sus países de origen o residencia.
