La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha emitido medidas cautelares en favor de Carlos Chancellor Ferrer, exalcalde del municipio Sifontes, en el estado Bolívar, Venezuela. Chancellor, quien ha estado detenido desde el 6 de agosto de 2024, ha sido reconocido por la comisión como enfrentado a una situación de gravedad y urgencia que pone en riesgo su vida, integridad y salud.
En la Resolución 21/2025, fechada el 28 de febrero, la CIDH destacó que Chancellor, de 65 años, no ha recibido la atención médica adecuada, a pesar de padecer varias enfermedades crónicas. La comisión tomó en cuenta su condición como adulto mayor y la falta de acceso al abogado de su confianza, además de que el defensor público asignado por el Estado venezolano no ha proporcionado suficiente información acerca de su caso. El Estado no presentó respuesta a estas preocupaciones.
Asimismo, la CIDH instó al régimen de Nicolás Maduro a tomar medidas necesarias para asegurar que las condiciones de detención de Chancellor, quien es padre del futbolista de la Vinotinto Jhon Chancellor, se ajusten a los estándares internacionales aplicables. Las principales demandas de la CIDH incluyen:
- Evaluación médica inmediata sobre su estado de salud y garantía de acceso a la atención médica necesaria.
- Facilitación del contacto con su abogado de confianza, permitiéndole acceso al expediente penal en su contra.
- Información a su representación legal sobre las razones de su detención continua y las decisiones judiciales en torno a su situación.
- Concertación de las medidas a adoptarse junto con Chancellor y sus representantes.
- Investigación de los presuntos hechos que dieron lugar a esta resolución para evitar su repetición.
La CIDH aclara que estas medidas cautelares no constituyen un pronunciamiento sobre una posible violación de derechos humanos, sino que buscan prevenir daños irreparables mientras se evalúa la situación del detenido. Como un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH tiene el mandato de velar por el respeto a los derechos humanos en la región y supervisar el cumplimiento de los estándares internacionales en los países miembros.
