La crisis migratoria en América Latina continúa su curso, con miles de personas arriesgando sus vidas al cruzar el peligroso tapón del Darién, una densa selva que separa Colombia y Panamá. En lo que va de 2024, más de 244,200 migrantes han recorrido este desafiante trayecto, siendo los ecuatorianos una de las nacionalidades más afectadas.
El gobierno de Panamá ha tomado medidas drásticas para frenar este flujo migratorio irregular, firmando un acuerdo con Estados Unidos el 1 de julio de este año. Este convenio, que incluye una financiación de USD 6 millones para vuelos de deportación, ha resultado en la deportación de 433 migrantes en el último mes, la mayoría de ellos hacia sus países de origen.
El director del Servicio Nacional de Migración de Panamá (SNM), Roger Mojica, enfatiza que la meta de esta iniciativa es disuadir a los migrantes de arriesgar sus vidas al atravesar el Darién, promoviendo en su lugar una migración “segura, ordenada y regular”.
Recientemente, el 20 de septiembre, un vuelo de deportación llevó a 36 ecuatorianos de regreso a Manta, Ecuador. Este fue el segundo vuelo financiado por Estados Unidos en el marco del acuerdo bilateral, destacando la colaboración entre ambas naciones para gestionar la crisis migratoria.
El Darién se ha convertido en una de las regiones más peligrosas para los migrantes, que enfrentan riesgos como deshidratación, enfermedades y violencia por parte de grupos criminales. Según informes de plataformas como Insight Crime y Open Democracy, organizaciones como el Clan del Golfo operan en la región, extorsionando a los migrantes con tarifas exorbitantes.
A pesar de estos peligros, miles de ecuatorianos, junto a ciudadanos de Haití y Venezuela, siguen intentando cruzar la selva. Aunque el gobierno panameño ha reportado una disminución del 31% en el número de cruces en comparación con el año anterior, se estima que 320,000 migrantes aún intentarán realizar este viaje en 2024.
Las deportaciones son parte de una estrategia más amplia para controlar la migración irregular en la región. Hasta la fecha, se han realizado once vuelos de deportación, con un costo aproximado de USD 900,000. Sin embargo, muchos migrantes consideran que la deportación no es el fin de su búsqueda de oportunidades en Estados Unidos, lo que plantea desafíos continuos en la gestión de esta crisis humanitaria.
