Las aspiraciones políticas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentan un momento crucial tras la confirmación de su inhabilitación por corrupción en noviembre. Un tribunal de apelación argentino ratificó una sentencia que le impide postularse como candidata, un golpe significativo para su carrera política y su futuro en las elecciones.
El Tribunal Supremo de Argentina tiene la última palabra sobre su elegibilidad, especialmente para las elecciones de 2025, aunque se prevé que su decisión se demore. Mientras tanto, Fernández de Kirchner desempeñará un papel fundamental en la selección de dos nuevos jueces para la corte, lo que le ofrece la oportunidad de negociar con el presidente Javier Milei. Este escenario podría brindarle una vía para eludir la condena y prohibición de presentarse como candidata.
Con 71 años, Fernández de Kirchner ha sido una figura central del Partido Justicialista durante décadas, liderando el país entre 2007 y 2015. En 2022, fue condenada a seis años de prisión por corrupción en el caso conocido como «Vialidad», relacionado con presupuestos inflados para proyectos viales en la Patagonia. Desde entonces, ha sostenido que su procesamiento responde a una persecución política, reforzada por un intento de asesinato que sufrió el mismo año.
El fallo de apelación, confirmado el 13 de noviembre, ha sido recurrido tanto por la acusación como por la defensa. No se espera una pronta resolución del Tribunal Supremo, probablemente extendiéndose hasta después de las elecciones legislativas de octubre de 2025, según el magistrado Juan Carlos Maqueda.
Mientras se desarrolla este proceso judicial, Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una posible contendiente en las elecciones para la Cámara de Diputados, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Esta región, bastión peronista, presenta un terreno fértil para su candidatura en 2025, a pesar de la legislación actual que la inhabilita solo si la sentencia es ratificada por el Tribunal Supremo.
El Partido Libertario, liderado por Milei, considera que su posible candidatura podría obstaculizar la renovación de la oposición y, eventualmente, la elección de un candidato más viable para las presidenciales de 2027. Mientras tanto, en el Congreso, la propuesta «Ficha Limpia», que busca impedir la candidatura de condenados en tribunales de apelación, ha encontrado poco apoyo.
La Corte Suprema es un punto de negociación central, ya que Milei busca nombrar a dos nuevos jueces para cubrir vacantes. Las negociaciones se centran en los candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, mientras Fernández de Kirchner podría intervenir para proponer un nombre alternativo.
En las últimas semanas, se han intensificado las conversaciones entre Fernández de Kirchner y Milei. La expresidenta, que necesita el apoyo de 48 senadores para confirmar un juez del Supremo, ha mostrado apertura al diálogo, incluso alineándose con Milei en la necesidad de una reforma constitucional.
El futuro político de Cristina Fernández de Kirchner podría depender de estas negociaciones judiciales. Un Tribunal Supremo compuesto por cinco o siete jueces determinará su destino, aunque, si el Senado sigue dividido, los jueces actuales deberán alcanzar un consenso unánime. La evolución de este escenario podría tener implicaciones profundas para el sistema político argentino y las elecciones futuras.
En este contexto complejo, el analista político Lucas Arrimada destaca la posibilidad de que las negociaciones dilaten una decisión definitiva, recordando casos como el de Domingo Cavallo, absuelto en un caso de corrupción tras más de dos décadas de litigio.
Por Facundo Falduto, especial para El Nacional.
