Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido un informe en el que asegura que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha dado el «golpe final» al Estado de derecho en Nicaragua. Según el documento, la reciente reforma constitucional ha otorgado a Ortega y Murillo un «dominio absoluto» sobre el país centroamericano, eliminando cualquier rastro de instituciones independientes.
La reforma constitucional, que entró en vigor el pasado 18 de febrero, ha elevado el rango de la vicepresidenta Murillo a «copresidenta» y ha extendido el mandato presidencial de cinco a seis años. Esto ha permitido al gobierno ejercer control total sobre todos los poderes del Estado, eliminando los pocos controles institucionales que aún existían. El Grupo de Expertos de la ONU, encargado de investigar la situación en Nicaragua, calificó esta modificación como un «poder ejecutivo con dominio absoluto».
Ortega, quien permanece en el poder desde 2007 tras haber gobernado en los años 80 después de la revolución sandinista, es acusado por sus críticos de instaurar una «dictadura familiar» junto a Murillo. Desde las protestas de 2018, que según Ortega fueron un intento de golpe de Estado respaldado por Washington, el gobierno ha intensificado su control sobre la sociedad nicaragüense. Estas manifestaciones dejaron más de 300 muertos, de acuerdo con la información de la ONU.
El presidente del Grupo de Expertos, Jan Simon, señaló que desde 2018, Ortega y Murillo han «afianzado progresivamente su control total» mediante «graves violaciones de los derechos humanos». La nueva Constitución también ha anulado las libertades básicas y busca el «control total» sobre la población nicaragüense, según el informe.
Ariela Peralta, miembro del Grupo de Expertos, declaró: «Estamos viendo la represión sistemática de cualquiera que se atreva a desafiar el control de Ortega y Murillo. Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo». La reforma también establece la «vigilancia» sobre la prensa y la Iglesia, además de despojar de la nacionalidad a críticos del gobierno, medida que ha afectado a unos 450 opositores expulsados en los últimos años.
Reed Brody, otro integrante del Grupo, afirmó que «Nicaragua se ha convertido en un lugar de vigilancia y silencio impuesto». Según Brody, los que se resisten enfrentan una vida de apatridia y exilio. Además, la reforma contempla la creación de una «policía voluntaria» compuesta por civiles, que desde enero ha reclutado a más de 50,000 personas para apoyar a las fuerzas de seguridad.
El informe concluye que las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua constituyen crímenes de lesa humanidad, incluyendo la persecución política. El Grupo de Expertos insiste en que el gobierno nicaragüense debe «rendir cuentas ante la Corte Internacional de Justicia«. Brody subrayó que «la comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo» y debe tomar medidas urgentes, incluyendo acciones legales y sanciones específicas, para responsabilizar al gobierno y a los individuos implicados.
AFP
