Las detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas continúan siendo una herramienta para silenciar a la oposición en Nicaragua, según expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). En un comunicado conjunto emitido este miércoles, la ONU urgió al gobierno nicaragüense a cesar estas prácticas.
El documento resalta la necesidad de informar de manera inmediata a los familiares sobre la situación y paradero de las personas detenidas y desaparecidas. Estas prácticas han incrementado notoriamente desde las manifestaciones de 2018, según la declaración.
«Muchas personas fueron arrestadas violentamente sin órdenes judiciales, sometidas a detención en régimen de incomunicación y desaparición forzada, y condenadas en procesos judiciales sin representación legal adecuada», afirmaron los expertos. Además, añadieron que muchas de estas personas siguen encarceladas incluso después de cumplir sus sentencias.
En los procedimientos judiciales se hizo un uso indebido de cargos relacionados con el terrorismo y la seguridad nacional. Los expertos denuncia ron también la existencia de tortura y violencia sexual contra las víctimas de detenciones arbitrarias.
El comunicado enfatiza que incluso las salvaguardias legales básicas, como el acceso a un abogado o a un médico, medicamentos y visitas familiares, son frecuentemente negadas. «Con el tiempo, las condiciones de quienes permanecen detenidos empeoran, afectando profundamente su salud física y psicológica», señala el documento.
Las familias, a menudo, no tienen manera de confirmar el paradero de sus seres queridos y temen denunciar las desapariciones forzadas por miedo a represalias. Esta situación se agrava cuando las familias están en el exilio.
Desde 2021, al menos 427 arrestos han sido documentados, principalmente de personas vinculadas a procesos electorales nacionales, municipales o regionales. Entre los detenidos se encuentran estudiantes, precandidatos presidenciales, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes indígenas.
El comunicado está respaldado por miembros del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas y por el relator especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, Morris Tidball-Binz.
EFE
