La Unión Europea (UE) ha decidido ampliar su lista de sancionados en Venezuela, incluyendo a Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), junto a otros catorce altos funcionarios. Fuentes diplomáticas confirmaron que la decisión ha sido adoptada por los embajadores de los 27 estados miembros, y será formalizada por el Consejo Europeo en los próximos días, entrando en vigor tras su publicación oficial.
Estas medidas surgen en respuesta a acusaciones de socavar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, especialmente después de la controvertida reelección de Nicolás Maduro en los comicios celebrados el pasado 28 de julio. La presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez, validó estos resultados, previamente ratificados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de denuncias de fraude electoral por parte de la oposición venezolana y el rechazo de organismos internacionales.
Nuevas Sanciones: Presión Internacional
Caryslia Rodríguez ya había sido sancionada por Estados Unidos desde septiembre y por Canadá desde esta semana. Con esta decisión, la UE amplía su presión sobre el régimen de Maduro, aunque este último no figura entre los sancionados. Las sanciones incluyen la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos de los implicados. Estas medidas son parte de un paquete de restricciones introducidas en 2017, que también abarca un embargo de armas y equipos para represión interna.
Contexto Político en Venezuela
El entorno político venezolano sigue marcado por una profunda polarización. Mientras Maduro planea jurar su nuevo mandato el próximo 10 de enero, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia, considerado por la oposición como el presidente legítimo electo, anunció su intención de regresar al país para reclamar su investidura. González Urrutia, exiliado en España desde septiembre, asegura tener actas que confirman su victoria en las elecciones de julio, en contraste con los resultados oficiales que nunca han sido desglosados públicamente.
La UE reiteró en su última cumbre el compromiso de apoyar una transición pacífica en Venezuela y exigió al país el cumplimiento de la legislación internacional. Las sanciones, que se extienden hasta 2025, buscan aumentar la presión internacional para lograr una solución democrática a la crisis en Venezuela.
El Nacional
