Florida se encuentra en el umbral de una decisión trascendental que podría redefinir su política de inmigración. Durante una tercera sesión especial, los líderes del Senado y la Cámara estatales se han reunido con el objetivo de afianzar una estrategia alineada con las prioridades del presidente Donald Trump.
La propuesta, que ha sido objeto de un debate intenso, busca modificar una medida aprobada recientemente. El proyecto revisado elimina la iniciativa anterior que otorgaba al comisionado de Agricultura, Wilton Simpson, un papel principal en asuntos migratorios. En su lugar, se propone la creación de una Junta Estatal de Aplicación de la Ley de Inmigración, integrada por el gobernador, el comisionado de Agricultura, el fiscal general y el director financiero del estado.
Este nuevo órgano tendrá la responsabilidad de coordinar las acciones con funcionarios federales y gestionar la distribución de 250 millones de dólares en subvenciones a las agencias locales de seguridad. Estos fondos podrían incluir bonificaciones de 1.000 dólares para agentes de policía capacitados en grupos de trabajo federales. Las decisiones de esta junta deberán alcanzarse por unanimidad, un enfoque que el presidente del Senado, Ben Albritton, ha descrito como un “modelo de consenso”.
El proyecto también contempla un endurecimiento en la cooperación entre alguaciles y administradores de cárceles, quienes deberán adherirse al programa y reportar a los inmigrantes indocumentados a las autoridades federales. Se impondrán multas de 5.000 dólares y la suspensión del cargo a aquellos funcionarios que incumplan con las órdenes de detención emitidas por agencias federales.
Las penas se incrementarán, estableciendo la detención preventiva para migrantes indocumentados que cometan delitos graves. Adicionalmente, se destinarán 35,6 millones de dólares a la oficina de Simpson para reforzar la seguridad fronteriza y 12 millones de dólares para financiar 84 puestos de seguridad adicionales.
En paralelo, la medida prevé la eliminación de la matrícula estatal para estudiantes inmigrantes indocumentados y propone convertir en delito estatal la presencia ilegal en el país. Además, se considera la posibilidad de imponer la pena de muerte a quienes cometan asesinatos o abusos contra menores.
Este conjunto de reformas representa un cambio significativo en la política migratoria de Florida, reflejando un esfuerzo coordinado por parte de las autoridades estatales para alinear sus acciones con el gobierno federal en el manejo de la inmigración.
Con informacion de Diario Las Americas
