El gobierno cerró las puertas de Venezuela a los observadores internacionales de cara a las elecciones presidenciales de este domingo
En un movimiento que ha generado controversia y condena internacional, el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido cerrar el espacio aéreo venezolano a una larga lista de observadores políticos internacionales, deportando a dos docenas de exmandatarios y líderes de partidos políticos latinoamericanos y europeos que habían viajado al país para participar en el proceso electoral de este domingo.
Entre los deportados se encuentra la expresidenta de Panamá, Mireya Moscoso, quien, en un conmovedor mensaje a los venezolanos, expresó su descontento con las autoridades por el bloqueo que impidió que su vuelo despegara de Ciudad de Panamá, llamando a la unidad del pueblo venezolano. “Si estamos aquí es porque queríamos estar con ustedes el domingo para que se produzca el cambio que necesita Venezuela y que está pidiendo a gritos”, afirmó Moscoso.
Los exmandatarios Vicente Fox, Jorge Quiroga y Miguel Ángel Rodríguez, junto con la vicepresidenta colombiana Martha Lucía Ramírez y la exalcaldesa Claudia López, también se encontraron entre los expulsados. “Me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña libertadora de Venezuela no la pueden deportar”, declaró López, resaltando el ambiente de represión impuesto por el gobierno venezolano.
Las deportaciones no se limitaron solo a los políticos latinoamericanos, sino que también afectaron a una delegación del Partido Popular de España, cuyos miembros criticaron la falta de apoyo del embajador español en Venezuela y expresaron su temor ante un potencial “golpe de Estado” que pudiera ocurrir el día de las elecciones.
Esteban González Pons, vicepresidente tercero del Parlamento Europeo, subrayó la gravedad de la situación, afirmando que las deportaciones evidencian un régimen que “está cerca de perder el poder” y reclamó la presencia de los observadores internacionales al momento de ser expulsados.
Mientras tanto, el espíritu de resistencia ha cobrado fuerza entre los venezolanos, quienes se preparan para ejercer su derecho al voto. La oposición ha movilizado a alrededor de un millón de voluntarios para garantizar que los comicios se lleven a cabo sin irregularidades, a pesar de las operaciones del gobierno que buscan limitar la transparencia del proceso.
La reacción internacional no se ha hecho esperar, con funcionarios de Estados Unidos instando a las autoridades venezolanas a reconsiderar su decisión de restringir la presencia de observadores internacionales.
Organismos como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos han sido excluidos del proceso electoral, lo que ha incrementado las preocupaciones sobre la integridad de las elecciones.
Este panorama plantea serias dudas sobre la legitimidad y la transparencia de las elecciones presidenciales, ya que el régimen “chavista” se prepara para un evento electoral donde la presión internacional se ha visto silenciada. A medida que la comunidad internacional observa, los venezolanos se encuentran en una encrucijada crucial para el futuro de su país.
