En un contexto de creciente tensión política y social en Venezuela, Nicolás Maduro ha intensificado la persecución contra dirigentes sindicales a pocos días de celebrarse el Día Internacional del Trabajador. Esta situación ha suscitado preocupación entre los sindicatos y organismos de derechos humanos tanto dentro como fuera del país.
El pasado sábado 26 de abril, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) llevó a cabo una serie de acciones intimidatorias contra Carlos Salazar, coordinador de la Coalición Sindical Nacional, y otros líderes sindicales. Según declaraciones de Salazar, vehículos del Sebin se posicionaron frente a su residencia y las de otros dirigentes, utilizando sirenas y luces intermitentes con el fin de hostigarlos durante la noche.
“Con este video tomado en tiempo real denunciamos una nueva incursión del Sebin en el estacionamiento de la vivienda del líder José Patines”, manifestó Salazar en un comunicado emitido el mismo día, subrayando que estas acciones repercuten no solo en los dirigentes, sino también en sus familias, quienes son testigos directos de los actos de intimidación.
Ante este clima de represión, la Coalición Sindical Nacional ha instado a los trabajadores, jubilados y al movimiento obrero en general a no participar en las manifestaciones del próximo 1 de mayo. Esta decisión responde a las advertencias emitidas por Maduro sobre desplegar hombres armados durante las celebraciones del Día del Trabajador.
Durante una ceremonia en el Palacio de Miraflores, el mandatario activó a los llamados “cuerpos de combatientes”, distribuyendo armamento a empleados públicos y militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv). Las imágenes del evento, que mostraron la entrega de fusiles de asalto MPi-KMS-72 y rifles Mosin Nagant 91/30, han alarmado a sindicatos y defensores de los derechos humanos.
“La vida y la integridad de los trabajadores no pueden ser expuestas ante un régimen que recurre a la intimidación y a las armas para reprimir la protesta social”, expresó un dirigente sindical que prefirió el anonimato por temor a represalias.
Casos emblemáticos como los de Gabriel Blanco, Emilio Negrín y Guillermo Zárraga —líderes sindicales arrestados por exigir mejores condiciones laborales— ilustran el patrón sistemático de criminalización de la disidencia obrera en Venezuela.
Frente a esta grave situación, la Coalición Sindical y otras organizaciones laborales continúan denunciando ante la comunidad internacional el creciente acoso estatal y exigen la liberación inmediata de todos los sindicalistas detenidos por motivos políticos. “Esta vez, el silencio será nuestra forma de protesta. No nos expondremos a un régimen que responde con armas y represión”, concluyó el comunicado de la Coalición.
Con información de Infobae
