El gobierno de México ha desplegado casi 2.000 militares en Tijuana como parte de un compromiso adquirido para que el expresidente estadounidense Donald Trump congelara la imposición de aranceles elevados. Este despliegue es parte de un contingente más amplio de 10.000 soldados distribuidos a lo largo de los 3.100 kilómetros de la frontera, tras un acuerdo alcanzado entre Trump y la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum.
La presencia militar en Tijuana ha suscitado dudas entre sus habitantes sobre la efectividad de esta medida para frenar el tráfico de fentanilo y la migración ilegal. Estos son los argumentos que Trump ha utilizado para justificar la imposición de un arancel del 25% a México y Canadá, acusándolos de no actuar con la suficiente eficacia. No obstante, este castigo se ha suspendido por un mes mientras avanzan las negociaciones que afectan el 80% de las exportaciones mexicanas.
Armando Jáuregui, un vendedor en una tienda libre de impuestos cerca de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del hemisferio occidental, expresó su escepticismo afirmando que «son acuerdos políticos». Este sentimiento se repite en un estado acostumbrado a la violencia de los cárteles del narcotráfico y a los desafíos de la migración irregular debido a su proximidad con Estados Unidos.
Equipados con armas largas y con el rostro cubierto, guardias nacionales se han posicionado en áreas estratégicas de Tijuana. José Luis Zúñiga, vendedor de artesanías, confirma la presencia de «el ejército, la Guardia Nacional, y la policía estatal». Sin embargo, tanto Jáuregui como Zúñiga son escépticos respecto al impacto de esta medida en la seguridad. «Si hay más policías, el negocio sigue», afirma Jáuregui, añadiendo que la captura de líderes criminales suele dar pie a la aparición de nuevos actores en el narcotráfico.
Por su parte, Zúñiga considera que reforzar la presencia en la frontera es una medida «casi inútil» si el objetivo es detener el tráfico de drogas. En paralelo, el gobierno estadounidense también ha reforzado su lado de la frontera con 1.500 militares adicionales y la instalación de alambre de púas.
Las acciones de refuerzo han afectado a los residentes locales como Araceli López, quien vive cerca de estas operaciones y ha señalado las dificultades que esto ha acarreado para su familia. «Nosotros los mexicanos somos trabajadores y vamos (a Estados Unidos) para tener una vida mejor», comenta López.
En total, 3.010 efectivos se han asignado a Baja California, distribuyéndose también en Tecate y Mexicali. Estas acciones son parte de un plan más amplio que contempla una distribución específica en otros estados fronterizos, como Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
El despliegue militar, tanto en México como en Estados Unidos, representa un intento por parte de ambos gobiernos de abordar los complejos problemas de seguridad y comercio que afectan a la región fronteriza. Las negociaciones continúan, buscando una solución que evite la implementación de aranceles que podrían tener un impacto significativo en la economía mexicana.
AFP
