Un grupo de migrantes venezolanos repatriados desde una cárcel de máxima seguridad en El Salvador solicitó este viernes garantías para poder asistir a una audiencia ordenada por un juez federal de Estados Unidos, al tiempo que organizaciones no gubernamentales, activistas y sectores opositores en Venezuela reclamaron justicia tras las recientes excarcelaciones de personas detenidas después de las elecciones presidenciales de julio del año pasado.
Los migrantes forman parte de un grupo de 252 venezolanos que fueron deportados en marzo desde Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), en El Salvador, y que posteriormente fueron liberados en julio. A través de una carta, pidieron a las autoridades estadounidenses que se generen condiciones reales que les permitan participar en la audiencia sin poner en riesgo su integridad.
“Esperamos que esta resolución del juez de Estados Unidos marque el inicio de una solución justa y humana a nuestra situación y marque un precedente para la protección de los millones de migrantes”, expresó el grupo en la misiva, leída ante la prensa por un repatriado que no se identificó.
El lunes, un juez federal en Estados Unidos determinó que el Gobierno de Donald Trump negó el debido proceso a cerca de 200 venezolanos deportados al CECOT y ordenó que se les otorgue la oportunidad de tener una audiencia. El magistrado también certificó una demanda colectiva, lo que abre la vía para que todos los migrantes enviados a ese centro en marzo pasado impugnen su designación como enemigos extranjeros de Estados Unidos.
En paralelo, en Venezuela, ONG, activistas y partidos políticos se pronunciaron sobre las excarcelaciones de personas detenidas después de las elecciones presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro, mientras que la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), sostuvo que el ganador fue su candidato, Edmundo González Urrutia.
La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) afirmó que las recientes excarcelaciones “no son un acto de benevolencia” del gobierno, sino “el resultado de una presión sostenida y de la lucha perseverante” de los familiares de los presos políticos. La organización sostuvo, en un comunicado, que estas personas fueron detenidas de manera arbitraria y que fueron víctimas de desaparición forzada, de la negación del derecho a la defensa y de violaciones sistemáticas al debido proceso.
El gobierno de Maduro anunció 99 excarcelaciones, pero la ONG señaló que solo ha podido corroborar 63, mientras que otras organizaciones, como el Foro Penal, reportan 52.
El dirigente opositor Edmundo González Urrutia manifestó que, pese a haber sido excarceladas, estas personas no gozan de libertad plena y que sus procesos continúan abiertos, bajo “vigilancia, amenazas implícitas, miedo”. “¡Son rehenes! personas detenidas arbitrariamente, utilizadas para enviar mensajes, ejercer presión, disciplinar a la sociedad y luego liberadas de forma selectiva, sin verdad ni garantías, cuando conviene al poder”, señaló en un mensaje publicado en la red social X.
Por su parte, el diputado electo Henrique Capriles consideró estas excarcelaciones como una “clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna” en Venezuela. Recordó que todavía quedan “cientos de presos políticos que deben ser liberados” y pidió que estas liberaciones se concreten antes de fin de año. El partido Acción Democrática (AD), intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), calificó como “buena noticia” estas liberaciones para cientos de familias en época de Navidad.
El Ejecutivo de Nicolás Maduro sostiene, sin embargo, que el país está “libre de presos políticos” y que las personas señaladas como tales se encuentran encarceladas por la “comisión de terribles hechos punibles”.
En el plano internacional, Maduro insistió este viernes en sus denuncias contra Estados Unidos, con el que mantiene tensiones debido al despliegue militar que el Gobierno de Trump ordenó en agosto pasado en el Caribe. “Que se sepa es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a la Venezuela de Bolívar un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales”, declaró durante un acto de entrega de obras comunitarias gubernamentales, transmitido por el canal estatal VTV.
Desde agosto, Estados Unidos mantiene una presencia militar en el Caribe, cerca de las aguas venezolanas, que el Gobierno de Maduro considera una “amenaza” de invasión y un intento de propiciar un cambio de régimen. Además, en las últimas semanas, Estados Unidos confiscó dos buques que transportaban petróleo venezolano, tras anunciar el bloqueo total de embarcaciones sancionadas que realicen este tipo de viajes desde y hacia Venezuela.
EFE
